Manuel de Vicente-Tutor, Socio Director de Equipo Económico (Ee)
La atenta lectura del demoledor Informe Draghi así lo constata. Entre los factores a los que alude su informe como causas de esta pérdida de competitividad de la industria europea destaca al efecto desincentivador de la política fiscal, así como en otros ámbitos regulatorios que resultan claves para explicar el declive de la industria europea y la pérdida de empleos en dicho sector.
El informe encargado a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo entre 2011 y 2019 y presidente del Consejo de Ministros de Italia entre 2021 y 2022, tenía como objeto realizar un análisis del futuro de la competitividad europea, estableciendo una estrategia que permita su recuperación frente a otros bloques económicos, como son Estados Unidos y China. El diagnóstico es que, en los últimos años, la industria europea se ha quedado rezagada frente a la capacidad industrial de otros competidores establecidos fuera de la Unión Europea.
Vamos a centrarnos en los efectos perniciosos que han tenido para nuestra industria algunos aspectos relevantes de la política de descarbonización emprendida por Europa en los últimos años y en poner también de manifiesto, en cambio, las oportunidades que pueden derivarse de la misma.
Una política tributaria que ha encarecido el coste de la energía
Los combustibles fósiles están gravados por múltiples figuras tributarias, más allá de los armonizados a nivel europeo, impuestos especiales sobre hidrocarburos o la electricidad o el impuesto sobre el valor añadido. Lo que deberían ser mecanismos para lanzar las señales de precios adecuadas para combatir las externalidades negativas en materia medioambiental, en línea también con los últimos desarrollos de la economía del comportamiento, se ha convertido en los últimos años en una simple vía para procurar un fuerte incremento de la recaudación pública. De forma que, si bien evita a las autoridades tener que avanzar con la tarea siempre más ingrata de la búsqueda de la eficiencia del gasto público, tiene efectos perniciosos sobre la actividad.
En esta línea, cada una de las estructuras políticas en nuestro país han encontrado en los impuestos medioambientales un filón para nutrir las arcas públicas, aumentando el coste de la energía y haciendo que nuestra industria pierda competitividad frente a la de otros países que les ofrecen un coste de la energía más barato, o incluso subvencionado. No hay Administración Pública que resulte ajena a establecer algún tipo de prestación patrimonial de carácter público a cargo del contribuyente y con repercusión directa o indirecta en el coste que sufren las industrias establecidas en nuestro país:
- A nivel estatal, podemos destacar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de electricidad, los impuestos sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos, o el controvertido gravamen temporal energético.
- A nivel autonómico, se han generalizado diversas figuras tributarias que, con distintas modalidades, gravan la producción de energía eólica, hidroeléctrica o nuclear, o incluso el transporte de energía eléctrica.
- Y a nivel local, además de las figuras tributarias generales (que realizan un sobregravamen del sector como el IBI a través de la categoría de los Bienes Inmuebles de Características Especiales), podemos destacar la proliferación de diversas tasas por ocupación y aprovechamiento del dominio público local.
La enumeración realizada es ilustrativa no sólo de un coste impositivo muy elevado para las empresas energéticas, con repercusión en el coste que ha de sufrir la industria establecida en Europa, sino de complejidad en la cumplimentación adecuada de las obligaciones tributarias por parte de las empresas del sector, lo que redunda adicionalmente en un mayor coste repercutido sobre el sector industrial.
Una política regulatoria de descarbonización que hace asumir a la industria europea requisitos que no tienen que afrontar sus competidores
La Unión Europea no tiene yacimientos ni de petróleo ni de gas natural para atender la demanda que plantea ni la industria asentada en suelo europeo ni los consumidores. Esta falta de recursos naturales hace que resulte clara la oportunidad apostar por la descarbonización de la industria y de los hogares.
Pero las políticas activas de descarbonización no pueden olvidar que la adaptación debe tener en cuenta el elevado nivel de competencia entre los distintos bloques comerciales y países, así como ser gradual en el tiempo para sectores tan relevantes -en cuanto al nivel de ocupación y empleo que proporcionan- como, por ejemplo, el automotriz.
Querer ser los primeros en políticas ambientales a nivel mundial, a toda costa, puede acarrear, como consecuencia inmediata, la destrucción de miles de puestos de trabajo, lo que introducirá profundas desigualdades y tensiones sociales.
La regulación europea debe ayudar en la construcción de un mercado interior único, evitado la fragmentación en favor de la competitividad.
Europa debe avanzar en la creación de un mercado interior del gas y la electricidad. De este modo, se producirá un abaratamiento del precio de la energía con la mejora de la competitividad de la industria europea. La regulación debería ser menos copiosa y hacerse con la finalidad del levantamiento de barreras comerciales entre los Estados miembros de la Unión. Este fue el origen de las competencias legislativas delegadas en las Instituciones Comunitarias, y debería recuperarse este espíritu inicial.
Una regulación que no crea mercado, sino que, por su carácter fragmentario y excesivo, hace difícil su cumplimiento por parte de las empresas, no genera competitividad de la industria sino su clausura progresiva.
La inversión en redes de transporte y distribución de energía es un elemento fundamental para poder establecer industrias que creen puestos de trabajo en el territorio europeo.
La inversión actual en este tipo de redes es insuficiente para el desarrollo de las nuevas fuentes de energía, como la fisión o el hidrógeno renovable, así como para acoger a las empresas de la economía digital, que tienen elevado consumo de energía eléctrica, como los centros de procesamiento de datos.
La inversión a largo plazo en infraestructuras requiere una regulación suficientemente incentivadora, en la que los estímulos a la inversión estén ligados al despliegue en las redes y a unas condiciones financieras de mercado, que se adapten a las cambiantes circunstancias macroeconómicas y de evolución de los costes.
Conclusión
La mejora de los cuatro aspectos analizados permitirá una sustancial mejora en la competitividad de las industrias ubicadas y que se pretendan ubicar en nuestro territorio, con la consecuencia inmediata del mantenimiento y creación de puestos de trabajo.
Europa puede ser un territorio que vuelva a despuntar por su competitividad. Solo debe corregir malos hábitos y volver a recuperar el protagonismo mediante la implantación de la excelencia en sus procesos productivos con un coste menor al actual, con especial relevancia en relación con la energía, dado la debilidad geopolítico-económica arrastrada por la necesaria importación de gas y petróleo.
En resumen, menos impuestos sobre la energía más allá de lo necesario para afrontar las externalidades medioambientales negativas, una política de descarbonización gradual que tenga en cuenta a nuestros competidores y con especial atención en determinados sectores (automotriz), la creación de un mercado interior único de gas y electricidad, así como la renovación y creación de nuevas redes de distribución de la energía se constituyen en pilares de una nueva política industrial europea.
La puesta en práctica de estas medidas supondrá algún tipo de renuncia. Por ejemplo, las Administraciones deberán renunciar a considerar el sector energético como una fuente inagotable de ingresos públicos. Solo cabe recordar a los gestores públicos que una bajada de impuestos nominal puede suponer una mejora de la recaudación global.
Si generamos nuevas oportunidades industriales, si la industria ya establecida mejora sus costes y gana en competitividad, gracias también al importante efecto arrastre que tiene en el resto de los sectores de la economía, la mejora en beneficios y cotizaciones sociales excederá al sacrificio impositivo realizado. Ganamos todos.
