Mario García Cueto, CEO de Aserta España
España no es ajena a este difícil escenario internacional, de forma que el fuerte aumento de los precios y de los tipos de interés se ha trasladado a la economía real, de manera que la actividad, medida en términos del Producto Interior Bruto (PIB), se estancó en el tercer trimestre de este año. Sin embargo, el panorama más favorable que se está viviendo este año en relación con la pandemia de Covid-19 y el positivo papel que está jugando el sector turístico permitirán a la economía española cerrar este año 2022 con un crecimiento del PIB del 4,5 % según el Banco de España (BdE).
Para el año que viene, 2023, dado los negativos efectos que está teniendo la guerra en Europa y el parón en la actividad en varios de los centro industriales europeos, las previsiones del BdE apuntan a una desaceleración del crecimiento español hasta situarse en el 1,4 %; se trata en todo caso de cifras aún positivas y que están dejando atrás, por el momento, otros escenarios que apuntaban a la recesión durante el presente invierno.
El año próximo cabe esperar que la política monetaria seguirá siendo contractiva, pero no así la política fiscal. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (PGE-2023), aprobado en el Congreso de los Diputados, incorpora un fuerte aumento del gasto público, de forma que por tercer año consecutivo continuará registrando su máximo histórico. Si se tiene en cuenta el gasto previsto del Estado según su clasificación económica, es la partida destinada a las inversiones reales la que más crece en los PGE-2023 respecto a las cifras de 2022, el 30 % hasta superar 14.500 millones de euros.
Todo esto será posible, entre otros motivos, gracias al apoyo que ofrece el marco europeo y la financiación que otorga su programa de recuperación Next Generation EU (NGEU). En ese sentido, los fondos Next Generation EU están incrementando su bajo nivel de ejecución actual y pueden suponer una oportunidad tanto en 2023 como en el medio plazo para las empresas españolas. De hecho, el PGE-2023 incorpora más de 28.600 millones de euros provenientes de los fondos NGEU, destacando por su volumen las partidas destinadas al fomento de la política industrial, la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, el impuso a la PYME y a la conectividad digital, la ciberseguridad y el despliegue del 5G.
La ejecución hasta la fecha ha favorecido que de enero a octubre de 2022 las licitaciones de obra pública hayan superado los 23.700 millones de euros, situándose por encima de los niveles del conjunto de todo el año 2021 -año que registró el récord de licitación de la última década, tras el parón en 2020-.
En todo caso, pese a estas cifras positivas, no es momento para la complacencia. El citado complejo escenario internacional, la lucha contra la inflación, los efectos negativos de la subida de los tipos de interés en la actividad, la aún elevada tasa de paro y el alto nivel de endeudamiento público requieren, sin duda, una política económica favorecedora de la actividad y una regulación estable. Además, los fondos europeos sólo continuarán llegando si se ponen en marcha las reformas comprometidas. Por tanto, es el momento de prepararse para afrontar los relevantes desafíos y para garantizar la sostenibilidad del crecimiento y el bienestar presente y futuro.
