Según un artículo publicado por Hay Derecho, resulta frecuente que las sentencias de la Jurisdicción contencioso-administrativa sean desestimatorias de las pretensiones de los particulares. El mismo sugiere que existen sesgos y abusos de los privilegios que tienen reconocidas las Administraciones públicas: tales como la presunción de legalidad, la ejecutividad o la ejecutoriedad de sus actos.
Las últimas cifras disponibles en el Tribunal Supremo, calificadas de provisionales (año 2017), entre el 22 de julio de 2016, (fecha de entrada del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo) y el 31 de mayo de 2017 ingresaron en la Sala Tercera del Tribunal Supremo 2.976 recursos de casación de la LO 7/2015. En ese momento la sección de admisión había dictado 245 autos de admisión: un 17.11% de asuntos admitidos con relación al total.
Según el último Informe sobre la Justicia Administrativa, editado a finales del 2020, y que se apoya en el análisis de 2.525 sentencias judiciales y de los datos de funcionamiento de diversos órganos administrativos, ha habido mejoras. La reforma del recurso de casación explicaría un incremento en la capacidad de resolución de asuntos de la Sala 3a del Tribunal Supremo, que en 2019 alcanzo la mayor tasa de resolución (126%) del conjunto de órganos de la JCA. Este resultado se ha producido, no obstante, con una reducción en el número de asuntos ingresados en la Sala 3ª del Tribunal Supremo entre 2018 y 2019 (-1.3%) si bien se ha incremento el número de sentencias dictadas (3.1%) y reducido significativamente el número de autos (-44.3%), lo que podría apuntar a la consolidación de los criterios de admisión del órgano y una mayor comprensión del funcionamiento del recurso por las partes.
Volumen de la justicia administrativa
El volumen de casos ingresados en los juzgados y tribunales contencioso-administrativos fue de 249.367 en 2019. Esta cifra representa un 19% más de casos ingresados respecto a 2018. Este incremento es el mayor de los registrados para el conjunto de jurisdicciones.
No obstante, la Justicia contencioso-administrativa (JCA), representa un el menor porcentaje respecto a la litigiosidad total (4%), que principalmente depende del ingreso de casos en la jurisdicción civil (38%) y penal (52%). La litigiosidad de la JCA no está distribuida de manera uniforme: Andalucía concentra un 32%, seguida de la Comunidad de Madrid, mientras el resto no alcanza en ningún caso el 10%.
La evolución de la litigiosidad apunta a una mayor dificultad en la gestión de los asuntos por los órganos jurisdiccionales. En 2019 se interrumpe la tendencia por la que el número de casos resueltos por los órganos de la JCA superaba al número de asuntos ingresados. Este incremento tendría impacto no solo en el número de asuntos resueltos sino también en la capacidad de los órganos jurisdiccionales de resolver los del periodo anterior.
Duración y naturaleza de los fallos
Según el informe de CIJA-UAM el tiempo que duran los procedimientos está relacionado con la naturaleza de los asuntos, y no es homogéneo.
En líneas generales, la mayor frecuencia con la que se impugna la actividad de la administración estatal no se traduce necesariamente en una mayor estimación de los recursos y, por tanto, de la revisión de la actuación administrativa. Es en los niveles local y autonómico en los que, aunque en términos globales presentan un menor número de actos impugnados, el porcentaje de estimaciones totales y parciales de los recursos frente a la actividad administrativa es mayor.
El análisis de 2.525 sentencias en función del origen de la actividad impugnada muestra como en un 60% de los casos se desestiman totalmente los recursos frente a la Administración General del Estado. Este porcentaje desciende hasta el 50% y 51% de los recursos frente a actos de las Administraciones autonómica y local. Si se considera el sector de la actividad administrativa, los casos en los que la estimación, total o parcial, de las impugnaciones es más frecuente tiene lugar en los sectores de empleo público, protección de derechos fundamentales y tributos. Los casos de desestimación total en materia de contratos y tributos representan el porcentaje de desestimación total de los recursos más bajo, en torno al 50% frente a sectores como el de responsabilidad patrimonial, donde la desestimación total de las impugnaciones de la actuación administrativa alcanza el 68%.
Contrataciones Públicas
La información disponible para 2019 con respecto al tipo de contrato vinculado a los recursos indica que mayoritariamente se impugnan los contratos de servicios (entre un 56% y un 72%), seguidos de los contratos de suministros (hasta un 34%). Los contratos de gestión de servicios públicos apenas son objeto de recurso en 2018, como sucedió ya en 2017, y las obras solo representan entre un 1.5% y un 9.4% de los recursos interpuesto.
El sentido de los fallos en materia de contratación pública en la jurisprudencia analizada sugiere la existencia de un 50.3% de desestimaciones, frente al 24.1% de las estimaciones totales y un 23.8% de las estimaciones parciales. Las inadmisiones solo representan un 1.7% de los casos.
Cuando se desglosan los datos de sentido del fallo en función del objeto impugnado, se aprecian algunos datos relevantes que manifiestan una tendencia en 2019 al aumento de las desestimaciones. Las cifras de estimación suelen ser más bajas cuando se impugnan actuaciones previas a la celebración del contrato que en fase de ejecución.
Asimismo, la comparación de los datos de duración media en 2019 de los litigios en la jurisdicción contencioso-administrativa (11.7 meses) y en materia de contratación pública (20.3 meses) pone de manifiesto que, los asuntos de contratos públicos requieren para su resolución 8.6 seis meses más.
Principales obstáculos
Si bien las causas de las desestimaciones no pueden determinarse sin caer en el terreno de la opinión, en líneas generales, la administración de la JCA, presenta numerosos retos generales que podrían influir de alguna forma en la naturaleza de las sentencias:
- Escasez de medios en los órganos administrativos especializados que han de realizar una tarea previa de resolución de conflictos previa a la vía judicial en algunos sectores de actividad administrativa.
- La duración de los procesos y la tasa de congestión impiden a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa ocuparse de los conflictos vinculados a las normas vigentes.
- Lagunas existentes en la cultura de la información y del análisis de datos en España. Para cubrirlas haría falta un esfuerzo y una apuesta a largo plazo por la digitalización de las Administraciones Públicas y de La Administración de justicia, esencial para su buen funcionamiento.
De igual forma, el análisis del origen de la litigiosidad en la JCA pone de manifiesto que, de forma estructural, cerca del 50% de los asuntos planteados son reclamaciones de cantidad. El nivel de estimación (total y parcial) en estos casos es del 60%. Lo anterior introduce la válida consideración de considerar el empleo de mecanismos previos de solución de conflictos que pudieran aliviar la carga judicial.
