Un año después de su anuncio y con las emisiones de efecto invernadero al alza en España, el Gobierno ha puesto en marcha el duodécimo PERTE centrado en la descarbonización industrial que se estrena con una primera convocatoria de 1.000 millones de euros de los más de 3.100 que se compromete a movilizar de aquí a 2026. El Gobierno estima que las inversiones en descarbonización y modernización de la industria manufacturera impulsadas a través de este PERTE permitirán incrementar la competitividad del sector en alrededor de un 10% y supondrá la creación de unos 8.000 empleos. En cuanto a emisiones, prevé reducir en 13 millones de toneladas anuales el CO2 que emite la industria. ¿Es suficiente?
España ha asumido el compromiso de descarbonizar su economía de aquí a 2050, pero lo hará a su manera. Pretende alcanzar el balance neutro en cuanto a emisiones de CO2, que reclama desde 2015 el Acuerdo de París -suscrito también por España- y asumido por la Unión Europea en 2019 a través del Pacto Verde Europeo, mediante la reducción de la práctica totalidad de las emisiones que se generan en su territorio y que contribuyen al calentamiento global, pero digamos que no todo el trabajo lo harán las personas.
La ‘Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo’, el documento aprobado por el Gobierno español, precisamente al calor del Pacto Verde Europeo, aspira a recortar esas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) exactamente en un 90% respecto a 1990. El 10% restante será absorbido por sumideros de carbono como “las masas forestales, sistemas de almacenamiento de carbono (que todavía no se han visto que sean viables) y el mar”, enumera Ladislao Montiel, analista energético de la Fundación Renovables, y aclara que confiar en la naturaleza “es algo compartido y aceptado por las instituciones científicas”. No obstante, también hará falta “reforestación, la mejora de la gestión forestal y la recuperación y restauración de humedales” con el fin de “ampliar las garantías de que esta absorción de emisiones se cumple”.
¿Vamos por buen camino? La economía española emitió 304,4 millones de toneladas de GEI en 2022, un 3,1% más que en 2021; también es un 26,9% menos que en 2008, pero dos años después del súbito recorte que propició el confinamiento a causa de la pandemia de 2020, la estadística marca una tendencia al alza que se acerca cada vez más al momento previo a la aparición del coronavirus: en 2019, España emitió 321,9 millones de toneladas de CO2 equivalente (tCO2e).
“Creemos que el ritmo de reducción de antes de la pandemia no es suficiente y que la tendencia no es buena -valora Ladislao Montiel, analista energético de la Fundación Renovables- todavía seguimos en niveles superiores a 1990 (+2,1%) de emisiones de GEI. Solo en la pandemia se consiguió bajar de esa cantidad de emisiones (sobre 1990), por lo que debemos cambiar la tendencia actual ya, con inversión en renovables, eficiencia y ahorro y manteniendo la biodiversidad, consiguiendo así más sumideros de carbono, además de incluir a la sociedad en todo el proceso de cambio para que también obtengan los beneficios de la transición energética”.
Montiel insiste en que “si antes de 2030 no cambiamos el rumbo, no sirven los objetivos que tengamos a 2050”. También se muestra escéptico sobre la ambición del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que fija “una reducción de las emisiones totales de GEI en un 23% (elevada al 32% en su borrador de 2023), cifra muy baja si se compara con el 55% propuesto por la propia Comisión Europea y que, como país con un enorme potencial renovable, debemos de liderar”, concluye.
El PERTE que quiere descarbonizar la industria a partir de 2024
Parece que este era el momento de dar un vuelco a la situación y el Gobierno ha decidido aprovechar los fondos Next Generation EU para lanzar un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que será el décimo segundo y debería impulsar distintas soluciones tecnológicas para producir electricidad de forma renovable y aumentar la eficiencia de los procesos industriales que se realizan actualmente.
El foco se ha puesto sobre la industria manufacturera que consume el 30% del gas natural y es la que más emisiones generó en 2022 con el 24,4% del total, por delante de los hogares (22,7%) y el sector de la energía, agua y residuos (18,1%) que, de acuerdo con el avance publicado por el INE, fue el tercer mayor emisor en el último año del que hay datos disponibles y todavía provisionales.
Desde la Fundación Renovables, admiten que el proceso de transición energética en la industria “apenas se ha iniciado” y que el reto será aún mayor si se quiere incorporar a las pymes, puesto que “muchas veces, tienen más difícil su incorporación bajo medidas de eficiencia energética o implantación de energías renovables por su elevada inversión inicial”.
La primera convocatoria, abierta hasta abril
En realidad, ha pasado un año desde que se anunció el PERTE para la descarbonización industrial hasta la publicación de las bases, pero al menos la primera línea de ayudas ya tiene plazo: estará comprendido entre el 24 de enero y el 17 de abril. Están en juego 1.000 millones de euros -la mitad en forma de subvención y la otra, de préstamo- y podrán concurrir proyectos de descarbonización de fuentes de energía, gestión energética integral de procesos industriales, reducción de recursos naturales o de captura, almacenamiento y uso de carbono. Los otros ámbitos incluidos en esta línea son la mejora de la eficiencia energética, las instalaciones de energías renovables para autoconsumo aplicadas a procesos productivos y la I+D+i.
El compromiso del Gobierno es movilizar para este PERTE un total de 3.170 millones de euros de fondos públicos a los que se podrían sumar cerca de 9.000 millones más de inversión privada. El calendario inicial contemplaba el arranque de las convocatorias en 2023 y tres años para completarlas, pero dado que la primera convocatoria se ha publicado ya en 2024, podría sufrir algún retraso. De momento, el Gobierno no ha actualizado este punto del PERTE, pero la documentación que acompaña a la iniciativa establece, al menos, que “los proyectos podrían finalizar posteriormente”, es decir, los receptores de las ayudas y préstamos no tendrán que luchar contra el cronómetro.
La mejora en competitividad que aportará este proyecto en su conjunto se calcula es un 10%, a lo que habría que sumar la creación de unos 8.000 empleos. En cuanto a la reducción de emisiones, los hasta 13 millones de toneladas de CO2 al año previstos supondrían en torno al 17% de lo que la industria manufacturera emite actualmente.
Hidrógeno, ¿para qué?
Desde la Fundación Renovables, Ladislao Montiel considera que el PERTE de Descarbonización Industrial nace con un margen de mejora en torno a uno de los elementos a los que se quiere hacer protagonistas del proceso de eliminación del CO2, precisamente porque permite prescindir de los hidrocarburos. Se trata del hidrógeno renovable, un gas sobre el que, a su juicio, se debería ser “muy conciso” al hablar de cómo se quiere implementar “y especificar en qué sectores se aplicarán, dónde se encontrará y cuál será la demanda real en los diferentes polos industriales, junto con la generación de e-combustibles para el transporte marítimo y aéreo”.
De acuerdo con las bases de este PERTE, se pretende impulsar el uso del hidrógeno para electrificar procesos industriales, “aunque no indica cuáles, algo que debería hacer”, recalca este analista energético para quien es preferible que se electrifiquen todos los procesos industriales posibles y que para la generación de calor se recurra “a bombas de calor a escala industrial y no mediante el quemado de hidrógeno (por supuesto, verde)”.
Recuerda también que este proyecto estratégico contempla una línea de ayudas a empresas manufactureras que participen en el IPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo) sobre la cadena industrial del hidrógeno de origen renovable. “Es en el hidrógeno donde podríamos ver una opción para la descarbonización de sectores pesados como puede ser el de la fabricación de maquinaria, la siderurgia y el cemento o el de la industria de fertilizantes”, argumenta Montiel, que sí se muestra partidario de desarrollar aplicaciones que permitan electrificar la industria pesada, “siempre evaluando la necesidad real de la demanda de hidrógeno, para que no sea un sumidero de fondos públicos ante procesos industriales que tienen opciones reales y más baratas de electrificación directa”.
