Por José María Romero Vera, Director de Economía e Internacional de Equipo Económico (Ee).
El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado en su última reunión un incremento de 75 puntos básicos en los tipos de interés de referencia, el mayor aumento de su historia. Tras once años durante los cuales desde Fráncfort se mantuvieron los tipos en niveles históricamente bajos, e incluso negativos, se trata de la segunda vez consecutiva que el BCE los sube, y lo hace dejando atrás la gradualidad con la que comenzó el cambio en la orientación de su política monetaria. De esta forma los tipos de interés de referencia se sitúan en el 1,25%, el tipo de la facilidad de depósito sube al 0,75% y el de la facilidad marginal de crédito al 1,5%. Se une así a la Fed que ha incrementado los tipos de interés de referencia en EE. UU. en sus últimas cuatro reuniones.
Los bancos centrales han tomado estas decisiones en un escenario en el que los países desarrollados han venido experimentando desde la primavera de 2021 una senda creciente de inflación registrando tasas no vistas desde la década de 1980. Esta es una de las consecuencias económicas más visibles y relevantes de los desequilibrios originados durante la crisis del Covid-19 y de las políticas económicas muy expansivas para hacerle frente; desequilibrios intensificados posteriormente por la guerra en Ucrania, y que se tradujeron inicialmente en el encarecimiento de los productos energéticos y del resto de materias primas. Terminando ya el verano, la elevada inflación sigue siendo uno de los principales retos a los que se enfrentan las principales economías, incluidas las de la Zona del euro. Los últimos datos del mes de agosto muestran que en la Eurozona se registró una tasa de crecimiento anual de los precios del 9,1%, un nuevo máximo en toda la serie histórica. Estos problemas de inflación se ven además amplificados en Europa por la depreciación del euro frente al dólar.
El mensaje desde las principales instituciones monetarias es claro: continuarán en los próximos meses con la senda de endurecimiento de su política monetaria aun con el peligro de generar a corto plazo un efecto negativo sobre la actividad y el empleo, ya que las consecuencias de postergar la actuación serían más negativas en el futuro. En el caso del BCE, al riesgo de recesión que provoca el citado endurecimiento, ante el efecto que el incremento del Euríbor está teniendo ya en el consumo y el crecimiento, se une también el aumento de los diferenciales de la deuda soberana de los países de la Eurozona. Pero su objetivo ahora está claro: evitar una espiral inflacionista.
En cuanto a España, si bien su grado de relación económica con Rusia es menor que el de otros países europeos, se encuentra en una posición de gran vulnerabilidad respecto de las consecuencias de la guerra en Ucrania al depender más del exterior en lo que respecta al aprovisionamiento de energía y por no haber recuperado aún el nivel de PIB previo a la crisis anterior. Las fuertes presiones inflacionistas son la manifestación más visible de esta vulnerabilidad de la economía española. De forma que el IPC de España aumentó el 10,4% en términos interanuales en agosto, superando por tercer mes consecutivo el 10% y se encuentra por encima de la media europea. De especial preocupación es el aumento de la inflación subyacente -que elimina por su alta volatilidad los alimentos no procesados y los productos energéticos-, que en España se situó en el 6,4%, la tasa más alta desde enero de 1993.
En este escenario en Equipo Económico (Ee) prevemos una desaceleración de la economía española. El panorama más favorable que se está viviendo este año en relación con la pandemia de Covid-19 y el positivo papel que está jugando el sector turístico no podrán compensar el contexto internacional menos favorable y los desequilibrios internos en los que inciden las consecuencias de la guerra en Ucrania y el conflicto que mantienen la UE y Rusia. De forma que, con los datos conocidos hasta ahora, nuestras proyecciones apuntan a una cifra de crecimiento del PIB, todavía relevante en 2022, del 4,3%, pero que prácticamente solo ha sido generado durante la primavera y que se reduciría en 2023 hasta el 1,9%. España solo alcanzará sus niveles de actividad previos a la crisis del Covid-19 en el último trimestre de 2023, siendo la última economía de la Zona del euro en hacerlo, y con los desequilibrios además que supone que los precios crezcan muy por encima y los elevados niveles de paro y endeudamiento público.
Estimamos que la senda creciente de la tasa de inflación comience a revertir tan solo muy paulatinamente en los próximos meses, de forma que en diciembre de 2022 alcanzaría aún el 8,6% interanual. De tal manera, consideramos que en 2022 la tasa de crecimiento media anual del IPC se situará en el 9,1%. Si bien no se observan hasta el momento significativos efectos de segunda ronda en el mercado de trabajo en forma de elevadas subidas salariales, los precios crecerían aún en media anual el 4,6% en 2023, con relevantes diferencias sectoriales.
Estas previsiones están sujetas a una gran incertidumbre, respecto de factores muy relevantes como lo es el conflicto entre Rusia y Occidente, y, por tanto, con alto riesgo de que haya que revisarlas a la baja. Pese a la elevada dificultad a la que se enfrentarán los responsables de la implementación de las políticas económicas en los próximos trimestres, existe cada vez mayor consenso respecto a la urgencia manifiesta de evitar escenarios más severos de estanflación, donde convivan una caída de la producción y un fuerte crecimiento de los precios. Para ello, junto al muy relevante papel de la geopolítica con relación a los precios de la energía y a la actuación decidida de los bancos centrales -donde la divergencia de opiniones ya solo surge respecto a su gradualidad-, también es precisa la colaboración por parte de los Gobiernos a través de sus mensajes y políticas para frenar el aumento de los precios. De forma que la política fiscal y las reformas estructurales vayan en consonancia con la política monetaria y no causen mayores desequilibrios.
Resulta así clave, por el lado de la política fiscal, lanzar las señales adecuadas de compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas por la vía de la reducción del gasto público, ya que este superó en España el 50% del PIB en 2021, y la búsqueda de su eficiencia. Además, el apoyo fiscal ha de ser temporal y selectivo, centrado en aquellos sectores y familias más afectados. Asimismo, en el ámbito del mercado de trabajo, solo se podrá evitar la retroalimentación entre crecimiento de precios y salarios si también se incluyen a los jubilados y al sector público. De igual manera, hay que impulsar reformas estructurales por el lado de la oferta, encaminadas a la consecución de un mayor nivel de competencia -tanto a través de la regulación como potenciando los instrumentos de defensa de la competencia-, de apertura a los mercados externos y de una mayor supervivencia empresarial. Y que, sin embargo, se sitúan muy lejos de determinadas propuestas actuales, muy populistas, de control de precios. Finalmente, es necesario adoptar también otras medidas de largo alcance que garanticen la consecución de una mayor independencia energética para mitigar el riesgo frente a situaciones como la actual.
Solo a través de una mayor coherencia del conjunto de las políticas económicas se podrán contener las expectativas de crecimiento de los precios y evitar escenarios más severos de recesión.
