España se encuentra con múltiples desafíos que debe afrontar en torno a la gestión del ciclo de vida del agua. En los próximos años será imprescindible invertir en infraestructuras del agua como depuradoras de aguas residuales, redes de distribución, alcantarillado y saneamientos, depósitos, estaciones de bombeo y potabilización o en la prevención de inundaciones.
Las noticias relacionadas con la escasez del agua, la desertización, la contaminación de aguas o las inundaciones salpican los medios de comunicación con demasiada frecuencia. Todas estas noticias son un toque de atención ante una realidad: el agua es un elemento vital y tenemos que empezar a prestar atención a la gestión de todo su ciclo de vida.
No en vano, algunos expertos señalan que el desarrollo de recursos hídricos será el mayor desafío global de los próximos años. Según el ‘Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019’, el uso de agua ha venido aumentando un 1% en todo el mundo desde la década de los ochenta del siglo pasado. Y se espera que la demanda siga aumentando a un ritmo parecido hasta 2050, lo que significa un incremento del 20% al 30% respecto al actual uso de agua. Además, junto al incremento de la demanda, también hay que considerar el previsible agravamiento de los efectos del cambio climático en los próximos años.
Si tenemos en cuenta que más de 2.000 millones de personas viven en países acuciados por una fuertes escasez de agua y que cerca de 4.000 millones de personas sufren una grave escasez de agua durante al menos un mes al año, nos damos cuenta de la magnitud del problema que se nos avecina. Además, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable segura y 6 de cada 10 personas no disponen de acceso a servicios de saneamiento seguros.
Por otra parte, también hay que tener en cuenta que un adecuado saneamiento es fundamental para responder ante las amenazas naturales relacionadas con el agua, como las inundaciones, que previsiblemente aumentarán su frecuencia e intensidad, como consecuencia del cambio climático.
La situación en España
En términos de tratamiento de aguas residuales urbanas y redes de saneamiento, hay algunas cifras que nos pueden servir para conocer la situación actual en nuestro país. “La capacidad máxima de tratamiento de agua en España es de 8.130 hm3, siendo el porcentaje de población conectada a una depuradora del 88,3%. Atendiendo al tipo de tratamiento de aguas, el principal es el tratamiento secundario, con un porcentaje del 63%, teniendo el terciario un porcentaje significativo del 33%”, señala María José Menduiña, senior manager de Infraestructuras de KPMG en España.
Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), especifica que “sólo el 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración terciarios, consolidando con ello un periodo de 30 años de incumplimiento reiterado de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas y de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE”.
Los tratamientos terciarios de aguas residuales son realmente importantes. Se trata de procesos para eliminar contaminantes remanentes, con el fin de reducir la carga contaminante de aguas residuales, permitiendo su vertido a cauces naturales e incluso la reutilización como recurso hídrico alternativo.
Según explica Menduiña, “los problemas más importantes en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en general, son la obsolescencia de la instalación y el mantenimiento insuficiente por falta de recursos”.
Además, especifica que “España tiene 2.084 aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes, que generaron una carga total de aguas residuales de 64.819.277 habitantes equivalentes”. El concepto ‘habitantes equivalentes’ se emplea para calcular la capacidad de una depuradora, que no sólo debe soportar los vertidos de los habitantes reales, sino también el impacto causado por la industria, comercios, agricultura, ganadería, hospitales, etc.
En cuanto al sistema de colectores, indica que “es adecuado, estando el 98% de esta carga conectada a sistemas colectores y el 1% direccionado mediante sistemas individuales”. Puntualiza que “los principales problemas identificados en la red de alcantarillado son la insuficiente capacidad de la red de lluvia y el mal y envejecido estado de la red en general, puesto que el 44% de ésta tiene más de 40 años”. Y remarca que “esto es especialmente significativo en grandes áreas urbanas, como Madrid”. De hecho, Núñez precisa que el 76% de la extensión de las redes de alcantarillado en áreas metropolitanas tiene más de 40 años de antigüedad.
Además, el presidente de SEOPAN remarca que “la Comisión Europea, tras reiteradas advertencias, ha denunciado a España por la existencia de varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes que no disponen ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas”.
Los desafíos de nuestro país
Aunque la situación en nuestro país todavía no es dramática, se debe actuar urgentemente. “Actualmente, el sector del agua en España, entendido en su sentido amplio de gestión de todo el ciclo de la misma, se enfrenta a numerosos retos desde un punto de vista medioambiental, pero también de gestión. España es uno de los países con mayor estrés hídrico de la Unión Europea y, por tanto, uno de los más vulnerables al cambio climático. Esta particularidad, sumada a la desertificación, la escasez de agua disponible, el agua no contabilizada, la obsolescencia de la infraestructura y el incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, hacen que las inversiones en infraestructuras hídricas sean la clave para resolver el problema”, la experta de KPMG.
De este modo, nuestro país requiere un plan de choque para responder a estos desafíos. “En materia de saneamiento, existe una clara necesidad de abordar una mayor inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de satisfacer las necesidades medioambientales y para dejar de incurrir en procedimientos infractores que conllevan multas y sanciones económicas que sólo hacen más difícil la situación económica existente, como resultado del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua.
España está intentando encontrar soluciones a este problema, creando, entre otras acciones relevantes, el ‘Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización’ (Plan DSEAR)’, que se encontraba en consulta pública hasta el 31 de diciembre de 2020. Y en materia de riego, es vital modernizar, tecnificar o digitalizar las infraestructuras de riego para optimizar el uso de un recurso tan escaso como el agua”, detalla.
Asimismo, remarca que “existen numerosos retos en materia de gestión”. Por ejemplo, especifica que “se produce un incumplimiento significativo del Artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, pues la recuperación de costes a través de las tarifas directas repercutidas a los usuarios supone una cuestión política y de debate considerable”. En ese sentido, SEOPAN recuerda que “mientras algunas comunidades autónomas recuperan y repercuten el 100% de los costes del ciclo integral del agua a los consumidores, como obliga la normativa europea, otras no lo hacen, a pesar de que la Directiva Marco del Agua lo impone”. Y esto repercute en el precio del metro cúbico de agua, que en algunas comunidades puede llegar a multiplicarse por cinco respecto al precio existente en otras regiones.
Además, nuestro país debe resolver cuanto antes es el incumplimiento de otros artículos de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, especialmente los referidos al tratamiento secundario y terciario, como se explicaba anteriormente.
Actuaciones necesarias
España tendrá que afrontar importantes inversiones en los próximos años para responder a estos desafíos. “La estimación global de la inversión necesaria en el sector del agua en términos de saneamiento, depuración y reutilización ronda los 12.500 millones de euros. Sin embargo, en los últimos cinco años, las inversiones previstas en saneamiento y depuración en los Presupuestos Generales del Estado no han superado los 300 millones de euros, con un grado de ejecución que no supera el 50%, lo que demuestra la clara necesidad de abordar sistemas alternativos de financiación en el sector”, comenta la portavoz de KPMG.
Por su parte, Núñez señala que cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de agua limpia y saneamiento (ODS 6) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas “requiere 5.253 millones de euros para reducir las aguas residuales sin tratar y realizar una gestión integrada de recursos hídricos protegiendo los ecosistemas relacionados con el agua”. En primer lugar, habría que destinar en torno a 3.500 millones de euros en más de 190 actuaciones en depuración. Y esta inversión se complementaría con importantes actuaciones en el ciclo de planificación hidrológica, “que representan más de 1.600 millones de euros, con nuevas infraestructuras de regulación (presas) de reutilización de aguas residuales o estanques de tormentas”, detalla.
Por otra parte, hace hincapié en la necesaria renovación de las redes de distribución de agua. “En un 40% de su extensión, tienen una antigüedad media superior a los 30 años”. “Está fuera de toda lógica que en España, siendo uno de los países europeos con mayor superficie sometida a estrés hídrico severo, se pierdan 26 litros de agua por cada 100 litros suministrados a la población, lo que puede acabar afectando negativamente al ‘agua de grifo’, que actualmente presenta una alta calidad”, añade.
De este modo, afirma que sería necesaria una inversión cercana a los 2.900 millones de euros de inversión en reposición de redes y otras infraestructuras relacionadas, como depósitos y estaciones de bombeo y potabilización. Además, recalca que el 35% del gasto habría de destinarse inversiones de naturaleza básica, cuya falta de ejecución podría acarrear sanciones de la Comisión Europea.
Además, la gestión y tratamiento del agua también afecta a otros ODS. Por ejemplo, el ODS 11, que se centra en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, también contempla aspectos relacionados con el agua. En el apartado referido al abandono de la ‘España vacía’, Núñez detalla que se requerirán 2.220 millones de euros en infraestructuras de alcantarillado y otros 742 millones de euros en depuración, con el fin de compensar el déficit inversor en dichas infraestructuras por parte de la administración local.
Asimismo, en el ámbito de la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15), SEOPAN hace hincapié en la necesidad de mejorar la prevención de inundaciones y avenidas. “Las infraestructuras para prevenir avenidas e inundaciones programadas en el ciclo de planificación hidrológica 2016-2021 representan 938 millones de euros, valor que se incrementa hasta 1.397 millones, según el último informe realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, si se considera un horizonte temporal de 2027; y que en caso de extenderse hasta 2033 concluye con 5.109 millones de inversión en un conjunto de 226 medidas de presupuesto igual o superior al millón de euros”, detalla la patronal.
Además, el paulatino proceso de desertificación y sequía hará imprescindible la inversión en infraestructuras de regadío. “Hay programados más de 2.900 millones de euros de inversiones en el ciclo de programación hidrológica 2016/2021, que permitirían incrementar la superficie regada en España en más de 533.300 hectáreas, induciendo un beneficio económico anual de 788 millones”, detalla Núñez.
Finalmente, el presidente de SEOPAN anota que el ODS de industria, innovación e infraestructura (ODS 9) “requerirá 10.000 millones para la sostenibilidad, resiliencia y calidad de las redes de saneamiento, distribución, suministro de agua y carreteras”.
