José María Romero Vera, director de Economía e Internacional de Equipo Económico (Ee).
La sostenibilidad fiscal no es solo un concepto teórico, sino una necesidad urgente para que los gobiernos puedan financiar las prioridades y los proyectos estratégicos que determinan el desarrollo de las naciones y el bienestar del conjunto de sus sociedades a largo plazo. Lo es más aún en un contexto global como el actual, sometido a grandes transformaciones, entre las que destacan los cambios geopolíticos, económicos, sociales, tecnológicos y medioambientales, y a un mayor nivel de mayor incertidumbre.
La atención torna hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas
En el escenario reciente de moderación de la inflación, la reducción de los tipos de interés irá avanzando en lo que queda de año en ambas orillas del Atlántico, tanto desde el Banco Central Europeo como desde la Reserva Federal estadounidense. En este contexto, la atención está tornando desde la política monetaria a la sostenibilidad de las cuentas públicas, que se sitúa de nuevo entre los riesgos macroeconómicos más severos, dada su débil situación tras la concatenación de varias crisis y la respuesta que se ha dado desde el sector público.
Así lo demuestra la aprobación la pasada primavera de las nuevas reglas fiscales para el conjunto de países de la Unión Europea, que combinan el cumplimiento de los objetivos de deuda pública por debajo del 60% del PIB y el déficit público por debajo del 3% del PIB, con la definición de sendas específicas para cada país para lograr la consolidación fiscal en el medio plazo y preservar las inversiones estratégicas.
El saneamiento de las cuentas públicas es particularmente relevante en el caso de aquellos países que presentan mayores desequilibrios, dado además el incremento de la volatilidad en los mercados financieros, como se puso de manifiesto a comienzos de agosto con el caso de Japón, y de los riesgos latentes para la economía global, como un posible recrudecimiento de las tensiones geopolíticas y comerciales.
Grandes diferencias en la posición fiscal de los países europeos
De hecho, como se puede observar en el gráfico 1, existe una fuerte heterogeneidad en la posición fiscal de los distintos Estados miembros de la Unión Europea, y España se sitúa entre los países que muestran una posición de mayor debilidad. Aparecen reflejados en el cuadrante inferior izquierdo del gráfico los países con un menor margen de maniobra fiscal a cierre de 2023, al presentar los mayores niveles de endeudamiento público y de déficit presupuestario. Destacan los casos de Italia (con una deuda pública del 137,3% y un saldo presupuestario del -7,4%), Francia (110,6%; – 5,5%) y España (107,7%; -3,6%). Si bien, no son los únicos entre las grandes economías occidentales. Por ejemplo, EE. UU. (113,4%; -8,8%, según estimaciones del FMI) y Reino Unido (104,4%; -5,9%) se encontrarían también en este cuadrante de países con peores registros en términos de déficit y deuda.
Merece la pena hacer referencia específica a los casos de Grecia (con una deuda del 161,9%) y Portugal (99,1%). Estos dos son los países que más han reducido sus niveles de endeudamiento desde 2019, en 18,7 y 17,5 puntos del PIB respectivamente, gracias a la consecución de mejores resultados presupuestarios, cumpliendo en 2023 con la referencia del déficit de las reglas fiscales del 3% del PIB ‑por lo que se encuentran en el cuadrante inferior derecho‑, e incluso registrando ambos un saldo presupuestario primario positivo ‑aquel antes del pago de intereses‑ en 2023, del 3,4% del PIB en el caso de Portugal y del 1,9% en el caso de Grecia. Por último, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Suecia, entre otros países representados en el cuadrante superior derecho del gráfico, se situaron en la mejor posición fiscal del bloque, con unos niveles de deuda sobre el PIB reducidos y unas cuentas públicas relativamente saneadas en términos de saldo presupuestario.
GRÁFICO 1. MATRIZ DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA, ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO
Fuente: Eurostat, OCDE, FMI, Equipo Económico (Ee). (*) Estimaciones FMI para el déficit de EE. UU.
La financiación de las prioridades estratégicas y el informe Draghi
Todas estas cifras ponen de manifiesto la pérdida de margen fiscal de determinados países europeos, incluida España, para hacer frente a futuras crisis y a los relevantes desafíos a los que se enfrentan en un contexto global sometido a profundos cambios y transformaciones, que están teniendo un claro impacto en términos de sus prioridades.
La búsqueda de seguridad económica, autonomía estratégica y el fomento de la industria, en favor del proceso de “de-risking”, por ejemplo, en los ámbitos energético, de las tecnologías y de la defensa, requerirán de los necesarios recursos para su consecución. Como ha puesto de manifiesto esta misma semana el informe Draghi, en su análisis y propuestas sobre la competitividad europea, asistiremos en los próximos meses a un intenso debate en la UE sobre cómo financiar las prioridades e infraestructuras que sean consideradas estratégicas a nivel europeo.
En todo caso, las crecientes necesidades de financiación exigen que cada país avance con una consolidación presupuestaria, sobre todo aquellos que muestran una mayor fragilidad, que no ponga en riesgo la competitividad europea a través de mayores niveles impositivos, sino que esté basada en la eficiencia del gasto.
Debate político en España: Presupuestos 2025 y financiación autonómica
En España, en las últimas semanas se están abordando algunas de las principales cuestiones e instrumentos relativos a la política fiscal y a la consolidación de las cuentas públicas, como son los próximos Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2025 -tras la prórroga de los PGE de 2023 para 2024- y, sobre todo y de gran relevancia, el modelo de financiación territorial.
El debate en torno a este último ha surgido con fuerza tras el acuerdo de investidura para la presidencia de la Generalitat entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que ha incluido un nuevo modelo de financiación para Cataluña, que afecta sin embargo a toda España y supondría un cambio fundamental en el sistema de financiación autonómica. Pero, ante la falta de contar con suficientes detalles sobre el mismo, se está haciendo tan solo en el marco de un agrio debate político, lejos además de criterios económicos objetivos. Sobre todo, también, porque la mayoría reunida en el Parlamento español para la investidura del actual Gobierno no comparte una misma racionalidad económica. Por lo que se refiere a los presupuestos, una prueba evidente fue el rechazo en julio en el Congreso de los Diputados a la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno, antesala de la elaboración de los PGE 2025. Como resultado, en el primer año de la actual XV legislatura, tan solo cinco leyes hayan sido aprobadas por el Parlamento -ninguna de carácter eminentemente económico-. Tampoco parece que haya por el momento una mayoría suficiente para avanzar con un nuevo modelo de financiación territorial que dejase atrás componentes básicos de la solidaridad interterritorial. Mientras tanto, esta parálisis legislativa está constituyendo una importarte rémora para la consolidación fiscal y la aprobación de reformas estructurales, afectando de este modo a la confianza, la inversión y la sostenibilidad del crecimiento.
