La crisis de la covid-19 ha golpeado muy duramente al sector empresarial. Aunque el número de empresas destruidas en 2020 no ha sido muy diferente al de otros años, las empresas que han sobrevivido se enfrentan a graves dificultades financieras. Desde una perspectiva comparada, España partía de una posición estructural complicada, con un número comparativamente elevado de empresas pequeñas y en sectores especialmente atizados por la pandemia. En lo que se refiere a las políticas públicas de apoyo al tejido empresarial, en general, han sido menos ambiciosas en forma y en cuantía que en buena parte de nuestros países vecinos.
De las empresas que comenzaron el año 2020 en España un 18% había desaparecido en octubre de ese mismo año, sin embargo, este dato oculta una enorme heterogeneidad entre empresas puesto que apenas un 1% de las empresas con más de 250 trabajadores han desaparecido, mientras que este % aumenta a casi un 22% entre las empresas de entre 1 y 5 empleados. Para este ultimo grupo la mayor parte de la destrucción se produjo durante el primer trimestre, que incluye el primer mes de confinamiento a causa de la pandemia.
Las empresas que han sobrevivido tienen importantes problemas financieros tanto por el aumento del endeudamiento que muchas han llevado a cabo como por el desplome de los beneficios. Aunque en términos generales las Pymes han sido las más afectadas, esto se debe a que son predominantes en el sector más golpeado por la pandemia, la hostelería, la restauración y el ocio. Según un informe de reciente publicación por el Banco de España el porcentaje de empresas vulnerables, definidas como aquellas donde las deudas suponen más de un 75% del activo neto, han pasado de suponer un 14% sobre el total en 2019 a más de un 20% en 2020. La situación, de nuevo, es especialmente dramática en el sector hostelero, donde este % ha pasado de un 19% a más de un 42%.
En este contexto, el porcentaje de empresas que el Banco de España estima como insolventes aumentarían 4 puntos porcentuales bajo el supuesto de que la crisis del covid no tenga un impacto estructural dentro de nuestra economía, en caso contrario la estimación sube 8 puntos porcentuales hasta representar a cerca del 18% del total de empresas. Bajo una situación de daño estructural en la economía española no solamente aumentaría el % de empresas insolventes según el organismo, sino también el % de ellas que serían financieramente inviables en el futuro, y por tanto estarían abocadas a desaparecer en un futuro próximo, profundizando la crisis durante más tiempo con las consecuencias que ello tendría.
La respuesta a la crisis
Ante esta situación casi todos los gobiernos de los países desarrollados han desarrollado planes de ayuda a su sector empresarial, que esencialmente se han basado en dos pilares:
- Ayudas directas a las empresas: Se pueden materializar tanto en forma de impuestos perdonados por las administraciones públicas como por transferencias de renta efectivas a las empresas como en España han sido los ERTEs.
- Ayudas indirectas: Consisten fundamentalmente en avales del sector público a las entidades de crédito para facilitar que las empresas reciban préstamos, así como préstamos directamente concedidos por el gobierno, como ha sucedido en España con los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Al margen de las ayudas directas o indirectas a las empresas los gobiernos han emprendido políticas fiscales expansivas con fines similares, en EEUU por ejemplo mediante programas de cheques universales, en Alemania con bajadas temporales del IVA, y en casi todos con un aumento del gasto sanitario asociado a combatir la pandemia de la covid-19. En primer lugar, para cuantificar el tamaño del estimulo fiscal que lleva a cabo cada país desarrollado, el siguiente gráfico con datos del Fiscal Monitor del FMI muestra el gasto adicional y los impuestos que los estados han dejado de recaudar como parte de sus paquetes de políticas fiscales expansivas en porcentaje de su PIB.
En la imagen puede verse que España, pese a ser uno de los países más duramente golpeados por la pandemia es una de las economías avanzadas con una menor reacción por parte de su sector público, que apenas ha destinado un 4% del PIB a su paquete de estímulo, principalmente representados por los ERTEs. Frente al 4% de España, países menos afectados en términos de vidas perdidas y actividad economía destruida como Francia y Alemania han gastado un 11% y un 7,7% del PIB respectivamente, es decir, el doble y el triple que España.
De este 4% del PIB que el gobierno español ha gastado en proteger la economía de la covid-19 aproximadamente un 10% (0,4 % del PIB) es gasto sanitario, esencialmente compras de material sanitario al exterior, un porcentaje similar al del resto de países. La debilidad del paquete de estímulo del gobierno español se explica esencialmente por la carecía de ayudas directas a las empresas más allá de los ERTEs, en Alemania, por ejemplo, las empresas con una caída en la facturación de más del 70% respecto a 2019 se han beneficiado de cuantiosas ayudas directas que llegaban al 70% de los costes fijos de la compañía.
España sale mejor parada en lo que se refiere a las ayudas indirectas concedidas a empresas, puesto que a ellas ha comprometido casi un 15% de su PIB, aunque de nuevo queda por detrás de sus principales socios europeos como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Además, de entre esas ayudas indirectas que España ha destinado a su sector empresarial, casi la totalidad son en forma de avales y garantías, no como prestamos directos, estos últimos apenas representan el 1% del PIB frente al 14% de las garantías.
En el resto de países europeos los gobiernos también han destinado más que España como prestamos directos a sus empresas, lo que les permitirá en el futuro una mayor capacidad de acción más allá de asumir las pérdidas cuando una parte del sector empresarial quiebre, como vimos anteriormente. Por ejemplo, Alemania ha destinado el triple que España a esta clase de prestamos estatales a empresas, un 3% del PIB.
Aunque en España siguen en funcionamiento los ERTE, esencialmente para el sector de la hostelería y el comercio minorista, el gasto actual de esa partida no excede los 1.000 millones de € al mes y, aunque se han anunciado nuevas medidas recientemente de apoyo al sector empresarial de 11.000 millones de € esto apenas supone un 0,9% del PIB de 2019, aunque es una medida necesaria no cambia la situación de España en el panorama internacional y arriesga a la economía española a sufrir daños permanentes por la destrucción de su tejido productivo.
Una de las causas más probables de esta relativa calma del sector público durante este año de pandemia es el estrecho margen fiscal del que disponía España una vez sobrevino la pandemia de la covid-19, y es que en 2019 España no solo no redujo su déficit en un año de bonanza económica, sino que lo incremento hasta casi un 3% del PIB, uno de los más elevados de la eurozona pese a las promesas que el gobierno hizo a Bruselas. Aun con todo, países con un déficit similar en 2019 como es el caso de Francia también están realizando un enorme esfuerzo para apoyar a su tejido productivo con ayudas directas, evidencia reciente muestra que estas ayudas no están fomentando la zonificación del sector empresarial, por lo que eso tampoco puede ser una excusa para que el gobierno evite jugar un rol más decisivo antes de que sea tarde
Toni Roldán Monés, Director de EsadeEcPol, Centro de Políticas Económicas. Visiting Professor in Practice, School of Public Policy, LSE
