La masiva adopción de los criterios de sostenibilidad en buena parte de las decisiones de financiación ha generado un cambio en los principios financieros. Pero no solo eso, sino que criterios ASG y financiación verde están marcando la diferencia en las compañías de todos los sectores e industrias.
La financiación verde abre la puerta a nueva financiación para todos los sectores, mediante la inversión sostenible o en activos sostenibles o verdes. Estos se refieren a la producción de productos y servicios que mejoren las condiciones ambientales y sociales.
Los proyectos que habitualmente más se benefician de la financiación verde o sostenible son los relacionados con:
- Movilidad eléctrica.
- Construcción sostenible.
- Energías renovables.
- Eficiencia energética.
- Economía circular.
- Gestión sostenible de recursos como el agua.
Dos sectores en los que más crecimiento se observa en este tipo de financiación son el de movilidad sostenible y el de las energías renovables, como veremos más adelante en este artículo.
Pero también destaca el impulso que están tomando en el sector financiero, donde las compañías y entidades tienen objetivos de descarbonización de sus carteras en emisiones de CO2 que permitan reducir los niveles de emisiones de sus clientes. De igual manera, también el sector inmobiliario ha integrado la financiación verde, como ya vimos en un artículo anterior.
Y es que todas los sectores deberán adaptarse a los requerimientos de sostenibilidad, porque la regulación es cada día más estricta para todas las industrias.
Pese a los retos regulatorios y de mercado, la creciente demanda por inversiones con criterios ESG indica que la deuda sostenible continuará desempeñando un papel estratégico en la economía global.
Regulación internacional ASG / ESG
Cada vez son más importantes y numerosas las regulaciones, etiquetas y certificaciones ASG (en inglés, ESG por las siglas de Environmental -Ambiente-, Social y Governance -Gobernanza-).
Algunas de las más relevantes son LEED (estadounidense) y BREEAM (inglesa).
En Europa, ya existen regulaciones al respecto:
- SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles): reglamento sobre transparencia que establece requisitos de divulgación tanto para los participantes en el mercado financiero como para los productos financieros.
- EU Taxonomy: sistema de clasificación de actividades económicas ambientalmente sostenibles.
- Reglamento Europeo de Bonos Verdes: establece un marco riguroso para garantizar que las emisiones de estos bonos estén alineadas con los objetivos climáticos. Está basado en la Taxonomía Europea y se centra en actividades elegibles que promuevan la descarbonización y ofrece una mayor transparencia a los inversores.
- EPBD (Directiva de eficiencia energética en edificios): requerimiento de reducción del consumo de energía de los edificios existentes y los edificios nuevos a partir de 2021 (y los edificios públicos desde 2019) para que sean edificios de energía casi nula (NZEB).
- CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono): impuesto al carbono que tiene como objetivo evitar la deslocalización de emisiones hacia países con estándares ambientales menos rigurosos, incentivando a las economías emergentes a adoptar políticas más sostenibles.
La regulación es importante pero crea una barrera para las empresas pequeñas y medianas que pueden tener dificultad para cumplir con los requisitos más estrictos. Por eso, es de gran importancia incluir medidas de apoyo específicas para estas empresas, de cara a asegurar su integración en el mercado sostenible.
Evolución de la financiación verde
A nivel global, la emisión de bonos sostenibles en 2024 se situó en 946.952 millones de euros, con un crecimiento del 2%, según el último informe anual de Ofiso (Observatorio Español de la Financiación Sostenible).
En España, la financiación sostenible creció hasta el 8%, con 65.705 millones de euros. El dato supera la media internacional y reafirma su fortaleza. También representa una ventaja estratégica de cara a la captación de inversión internacional, crucial para la expansión de las oportunidades de negocio en nuestro país.
En general, 2024 se confirmó como un periodo de fuerte emisión de deuda sostenible en el ámbito corporativo, con un total de 370.000 millones de dólares en bonos emitidos. Aún así, el dato sigue lejos del conseguido en 2021, cuando se emitieron 460.000 millones.
Los bonos verdes representan el 44 % de la financiación mundial de la transición energética desde 2022. El resto de la financiación de la transición energética procede en un 22 % de deuda de renta fija tradicional, 16 % de préstamos bancarios y 10% de capital privado.
Hace 3 años, los emisores verdes encabezaban por primera vez el mercado de deuda ASG. En la actualidad, el mercado europeo se compone en su mayoría de emisores recurrentes, lo cual representa un reto de cara a los próximos años en Europa.
Además, la aparición de nuevos formatos como los SLLB o Bonos de Financiación de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad (que tienen el objetivo de hacer cumplir los criterios ASG) no será suficiente para crear un motor significativo para el crecimiento del mercado de deuda sostenible en 2025. Se prevé un crecimiento moderado del 10% en el mercado global de deuda sostenible este año. El volumen total será de aproximadamente 900.000 millones de dólares entre emisiones corporativas y soberanas.
Financiación verde y movilidad sostenible
La financiación a la movilidad sostenible creció en 2023 más de un 40% respecto al año anterior. Las principales beneficiarias fueron las empresas de fabricación de baterías y en general soluciones de recarga de vehículos eléctricos.
A falta aún de los datos de 2024, la inversión es menor de lo necesario para afrontar el gran reto de la movilidad sostenible a nivel global. La movilidad del futuro requiere afrontar retos como las barreras normativas y burocráticas, tanto por parte de las Administraciones Públicas como de las distribuidoras eléctricas. Es una cuestión imprescindible para avanzar en la implantación de las infraestructuras de recarga y de puntos de acceso y conexión de la red eléctrica, que sigue siendo unos de los puntos débiles de la movilidad sostenible. Progresar requiere de un esfuerzo económico y tecnológico importantes.
Según AEDIVE, los operadores de puntos de carga (CPO, por sus siglas en inglés: Charge Point Operator) están ejecutando inversiones por valor de 3.000 millones de euros. El objetivo es continuar a buen ritmo el despliegue de estas infraestructuras, tanto en autovías y carreteras como en edificios del sector terciario.
Pero la cuestión de la infraestructura de recarga no es el único reto a afrontar. Ayudas públicas atractivas e incentivos fiscales, señalética adecuada, electrificación del transporte de mercancías (sobre todo de vehículos pesados), normativa… Son áreas determinantes en las que aún queda mucho por hacer y en las que será necesaria una inversión importante.
Financiación verde y energías renovables
La financiación verde en las energías renovables se centra sobre todo en bonos verdes e inversiones de impacto. Ambas son un instrumento de financiación sostenible adecuado para los inversores de proyectos sostenibles y éticos. Además, son opciones que pueden ofrecer un rendimiento financiero competitivo especialmente atractivo en un entorno de bajos tipos de interés como el actual.
En los últimos años, la financiación verde es la responsable mayoritaria del gran crecimiento del mercado de energía solar y eólica sobre todo.
Las inversiones en energía renovable se han convertido en el motor de la transición energética. Al conducir capital hacia tecnologías limpias se reducen las emisiones de carbono, se genera empleo y se estimula el crecimiento económico. Estas inversiones no son un beneficio solo para el medio ambiente, también ofrecen retornos importantes a largo plazo y aceleran la innovación. La clave está en aunar rentabilidad y responsabilidad, brindando la posibilidad de un futuro sostenible para las siguientes generaciones.
