La reforma de la contratación pública en Europa, presentada por la Comisión Europea el pasado 9 de septiembre, reserva, por norma general, un 30% de la puntuación a la calidad en los concursos de licitaciones de obra pública. Los contratos pasarían a concederse atendiendo a la mejor relación entre calidad y precio.
Además, el porcentaje adjudicado a la calidad será del 50% en los contratos intensivos en mano de obra. Estos son definidos por la Comisión como aquellos en los que el coste laboral representa normalmente al menos la mitad del valor total. La Comisión entiende que una reducción excesiva del precio puede terminar repercutiendo sobre las condiciones de trabajo o sobre la calidad del servicio.
El denominado Public Procurement Act plantea sustituir las tres directivas europeas actuales (incorporadas de manera diferente a la legislación de cada Estado miembro) por un único reglamento directamente aplicable en los Estados miembros.
La transformación de esas directivas en un solo reglamento establece un marco normativo uniforme. Para las empresas, más aún para las pymes, puede facilitar la presentación en concursos convocados en toda la Unión Europea.
El objetivo es simplificar procedimientos, reducir diferencias entre países y utilizar el gasto público para impulsar la innovación, la sostenibilidad y la autonomía industrial europea.
La reforma todavía no está en vigor. Antes debe negociarse y ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. El texto presentado por la Comisión Europea estipula que el futuro reglamento comience a aplicarse dos años después de su entrada en vigor.
La reforma da respuesta a las recomendaciones de los informes Draghi y Letta, que destacan la contratación pública como herramienta estratégica para reforzar la base industrial de Europa, apoyar la innovación, avanzar en las transiciones ecológica y digital y reforzar la seguridad económica.
La contratación pública representa alrededor del 15% del PIB de la Unión Europea, según la propia Comisión. La forma en que las administraciones invierten los recursos influye en miles de empresas y en sectores clave como Construcción, Transporte, Infraestructuras, Seguridad o Sanidad, entre otros.
Se espera que la propuesta genere un ahorro administrativo anual significativo de 650 millones de euros, resultante de una reducción de la carga de 80 millones de euros para los compradores públicos y de 570 millones de euros para los operadores económicos.
Reforma de la contratación pública europea: calidad y preferencia europea
La profunda reforma presentada por la Comisión Europea pretende reducir el peso determinante que tradicionalmente ha tenido el precio en la adjudicación de los concursos. Seguirá siendo importante, pero de otra forma: será relevante en términos de coste a lo largo del ciclo de vida. Una propuesta inicialmente cara puede resultar la más eficiente si reduce el consumo de energía, requiere menos mantenimiento, tiene mayor duración o genera menos residuo.
Igualmente, las empresas tendrán que acreditar la calidad del equipo encargado de ejecutar el contrato, la metodología, los plazos, la sostenibilidad y la capacidad para resolver las necesidades planteadas por la Administración.
Por otro lado, el Reglamento introduce un marco de preferencia europea horizontal para la contratación pública, en consonancia con las obligaciones jurídicas internacionales de la Unión. Aclara qué operadores y productos están incluidos en los compromisos internacionales de contratación pública de la Unión y facilita su verificación. La Comisión podría restringir dicha cobertura cuando un análisis del acceso al mercado determine que un tercer país no ha concedido a los operadores de la Unión un acceso equitativo al mercado de conformidad con sus compromisos. También cuando sean necesarias restricciones para evitar dependencias en materia de seguridad del suministro o para proteger los intereses de seguridad económica.
Entre las opciones recogidas en el proyecto figura la posibilidad de rechazar una oferta cuando los bienes, servicios u obras de origen europeo o de países cubiertos por acuerdos internacionales representen menos del 50% de su valor.
Los 4 ámbitos de actuación principales
La propuesta de Reglamento sobre contratación pública se basa en los puntos fuertes del mercado único en cuatro aspectos clave:
- Normativa sencilla y clara: marco de contratación pública más coherente que reduce la complejidad, la carga administrativa y las incoherencias en la aplicación de las normas, con tres procedimientos en lugar de los cinco actuales. Simplifica los trámites administrativos y permite la negociación, haciendo que la contratación pública se asemeje más a la contratación privada. E introduce un procedimiento para el desarrollo y la adquisición de soluciones innovadoras aún no disponibles en el mercado.
- Una plataforma única para toda la contratación pública en la UE: un mercado digital integrado de contratación, compuesto por plataformas de contratación electrónica de los Estados miembros interconectadas e interoperables. De esta manera, surge el principio de “solo una vez”: las empresas podrán reutilizar documentación y acreditaciones ya presentadas. Esto simplificará y facilitará la contratación pública para los compradores públicos y permitirá participar en procedimientos de contratación pública en toda la UE. Esto promoverá el acceso a nuevas oportunidades de negocio y aumentará el número de ofertas. Además, el mercado digital agilizará el intercambio de datos entre los sistemas de contratación electrónica mediante la creación de un marco unificado para la gestión de datos, reforzando así la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra el fraude.
- Mayor apoyo a los objetivos medioambientales, sociales y de innovación: los compradores públicos deberán tener en cuenta sistemáticamente no solo el precio, sino también la calidad, incluyendo aspectos medioambientales, sociales, de innovación, seguridad y resiliencia. También el principio de “preferencia europea”. Los compradores públicos tendrán plena discrecionalidad para decidir qué criterios de calidad aplicar y en qué proporción en cada procedimiento de contratación.
- Mayor seguridad, resiliencia y autonomía estratégica: debido a la creciente importancia geopolítica de la contratación pública, se permite (y, en algunos casos, exige) que los compradores públicos aborden los riesgos relacionados con la seguridad y la protección de la Unión o de los Estados miembros, la información sensible, la ciberseguridad y la influencia indebida de terceros países. Con el objetivo de fomentar la diversificación de las cadenas de suministro, la seguridad del suministro y la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis, se aplicarán nuevas disposiciones sobre resiliencia y seguridad del suministro en contratos en los que participen entidades vinculadas a infraestructuras críticas.
Otros cambios que plantea la reforma
La propuesta también limita las exigencias de facturación previa inviable y restringe la posibilidad de exigir experiencia previa en el sector público sin causa justificada. Estas medidas pretenden facilitar el acceso de empresas pequeñas, emergentes e innovadoras.
Además, las compañías deberán adaptar sus candidaturas, concediendo más peso a la memoria técnica, que deberá adaptarse a las características específicas de cada contrato.
En definitiva, la reforma deja de considerar la contratación pública como un procedimiento administrativo para gastar menos. Se convierte en una herramienta para fomentar la calidad, innovación, sostenibilidad y autonomía productiva.
Papel de las garantías de caución en la contratación pública
Las garantías de caución actúan como un mecanismo de salvaguarda económica para la Administración Pública y una alternativa al aval bancario para las empresas licitadoras. Presentan algunas ventajas sobre el tradicional aval, entre las cuales destacan:
- No computa en la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) ni inmoviliza fondos.
- Agilidad y tiempos de contratación y gestión más cortos.
- Menos coste, sin comisiones de viabilidad, apertura, mantenimiento o cancelación bancaria.
Entre sus seguros de caución, Aserta cuenta con una póliza de cumplimiento de contratos públicos que garantiza la ejecución de los compromisos firmados.
