El marco normativo de Solvencia II, establecido por la Unión Europea mediante la Directiva 2009/138/CE, se encuentra en un proceso de profunda revisión. Está en vigor desde 2016 y la finalidad de su revisión actual es que el sector ofrezca los niveles más elevados de defensa del asegurado.
En conjunto, aborda desde 3 perspectivas o pilares el seguimiento de la solvencia:
- Adecuación de los activos, las provisiones técnicas y el capital de las entidades: determina las obligaciones en forma de capital de solvencia mínimo obligatorio y capital de solvencia obligatorio que puede calcularse con la fórmula estándar o con un modelo interno que haya sido autorizado por la autoridad competente.
- Evaluación interna de los riesgos y las necesidades globales de solvencia de las entidades aseguradoras, mediante la identificación de dichos riesgos y la determinación del capital adicional necesario para gestionarlos, entre otras cuestiones.
- Mayor nivel de transparencia, mediante informes financieros y de solvencia con periodicidad anual.
Con la reforma del marco normativo de Solvencia II, cuya implementación está prevista para principios de 2027, las autoridades europeas pretenden asegurar un marco regulatorio más flexible y sostenible, preparado para afrontar los retos del sector asegurador en un futuro cercano.
En nuestro país, el marco Solvencia II se aplica mediante la Ley 20/2015 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en España. Actualmente, el Gobierno ya ha tramitado el proyecto normativo correspondiente. La transposición completa y su entrada en vigor obligatoria están alineadas con el calendario europeo (enero 2027).
Reforma del marco normativo de Solvencia II
Con la Directiva 2025/2 de la Unión Europea, se pretende recalibrar y mejorar aspectos como el capital, la proporcionalidad, la sostenibilidad y el tratamiento de las entidades pequeñas y no complejas.
Según KPMG en su informe Revisión de Solvencia II: claves de la reforma, el objetivo de la reforma es mejorar la supervisión, la aplicación de medidas proporcionales, la incorporación de escenarios climáticos y fomentar las inversiones a largo plazo para lograr la mayor integración del mercado de seguros y reaseguros en la Unión Europea.
La reforma del marco normativo de Solvencia II Plantea cambios especialmente notables en el caso de las entidades de menor tamaño, en cuanto a requisitos y proporcionalidad. Con esas medidas, se pretende aliviar la carga regulatoria que pesa sobre las pequeñas y medianas empresas. Ello fomenta un entorno competitivo más proporcional y equitativo.
Además, se refuerza la estabilidad del sistema financiero a través de la implementación de herramientas macroprudenciales.
Las modificaciones propuestas en la reforma tendrán un impacto en distintas áreas: capital, gobierno, reporting y gestión de riesgos.
Los estados de la Unión europea tienen de plazo para trasponer la nueva directiva hasta enero de 2027. En España, el Gobierno ha tramitado el correspondiente anteproyecto de ley. Será plenamente aplicable desde el 30 de enero de 2027.
Cambios para las empresas pequeñas y no complejas
Se introduce la nueva categoría de Empresas Pequeñas y No Complejas (EPNC) para las aseguradoras y reaseguradoras que cumplan con dichas características. Esta nueva categoría permite a estas entidades simplificar sus procesos de reporte y gestión de riesgos, reduciendo así la carga administrativa sin comprometer la supervisión. Incluye menores frecuencias en ciertos informes, simplificaciones en cálculos de capital y la flexibilización de requisitos específicos.
Estas medidas apuntan a una regulación más proporcional, considerando las características y necesidades particulares de estas empresas.
Modificaciones más destacadas de la reforma en las distintas áreas
Las medidas propuestas en la reforma refuerzan la supervisión macroprudencial mediante nuevas herramientas que permiten a las autoridades prevenir y gestionar riesgos sistémicos de manera más efectiva.
Se fortalecen los requisitos para la gestión de liquidez para que las aseguradoras estén preparadas para cumplir sus obligaciones financieras. Incluso bajo condiciones adversas.
En cuanto a las medidas de garantías a largo plazo, las modificaciones propuestas buscan suavizar los efectos de las fluctuaciones de mercado en los cálculos financieros. Esto facilita la capacidad de las aseguradoras para gestionar pasivos a largo plazo.
En el ámbito de las provisiones técnicas, se reduce la tasa del margen de riesgo y se introduce un nuevo parámetro que considera la temporalidad del riesgo. Esto disminuye el impacto de los cambios en los tipos de interés y alivia ciertos requisitos financieros. Sobre todo para entidades con compromisos a largo plazo.
En lo que respecta al cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio (SCR), la reforma pretende asegurar que refleje de manera más precisa los riesgos asumidos por las aseguradoras, ajustándose a las condiciones económicas actuales y futuras. Se pretende garantizar que los requisitos de capital sigan siendo proporcionales y adecuados.
La reforma también refuerzan los requisitos de gobierno corporativo y mejoran los sistemas de información, con un enfoque en la claridad y accesibilidad de los reportes.
Incorporación de escenarios climáticos y de sostenibilidad
Dado el aumento del riesgo climático a nivel global, la reforma de Solvencia II incorpora explícitamente la integración de los escenarios climáticos y de sostenibilidad en la gestión de riesgos y de solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en la Unión Europea.
Este es uno de los puntos llamativos de la reforma, en el que las tres autoridades europeas (EBA, EIOPA, ESMA) han trabajado en la elaboración de directrices que garanticen la coherencia, los plazos y estándares comunes de las pruebas de estrés de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG, o ESG por sus siglas en inglés).
EIOPA realizó una consulta pública para analizar la inclusión de medidas de adaptación y prevención (impact underwriting) dentro de la fórmula estándar de catástrofes naturales y la evaluación de la materialidad de estos riesgos.
Algunas de las novedades que plantea la reforma al respecto de este punto son:
- Evaluación en ORSA (Evaluación Propia de Riesgos y Solvencia): obligación de desarrollar y analizar escenarios de cambio climático dentro del informe ORSA. El objetivo es evaluar cómo los riesgos ambientales afectan al perfil de riesgo y solvencia a largo plazo.
- Planes de transición climática: a fin de monitorizar, gestionar y mitigar los riesgos de sostenibilidad. También para contribuir activamente a los objetivos de descarbonización.
- Revisión de riesgos de catástrofe natural: revisiones periódicas y actualizaciones con la participación de EIOPA. Deberá medirse el alcance y la calibración de parámetros relativos a los riesgos de catástrofe natural vinculados al clima.
- Fomento de inversiones sostenibles a largo plazo: a fin de alinear la regulación prudencial con la transición ecológica. Se trata de mejorar el tratamiento de las inversiones a largo plazo que apoyan la economía sostenible.



