Durante la peor etapa de la crisis energética, el Gobierno aprobó un nuevo impuesto a las energéticas de carácter temporal que gravaba las ventas -no los beneficios- con un 1,2%.
Más tarde, el Gobierno prorrogó el gravamen extraordinario a las mayores petroleras, gasistas y eléctricas un año más, hasta finales de este 2024. Por otro lado, adelantó su intención de convertirlo en permanente, aunque con una reforma que permita grandes deducciones a las compañías por sus inversiones en transición energética.
El plan del Ejecutivo consistía inicialmente en cambiar el impuesto utilizando la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Pero sin PGE para el año vigente, el Gobierno debe utilizar otra norma con rango de ley para activar la pretendida reforma del impuesto a las grandes energéticas.
Actualmente, lo más complicado es encontrar apoyos parlamentarios suficientes para aprobar dicha reforma. De hecho, por el momento no hay acuerdo al respecto de esta reforma, y su futura activación sigue en el aire.
Recorrido del impuesto a las grandes energéticas
El Ejecutivo aprobó este impuesto a través de la Ley 38/2022 para dar una solución a la crisis inflacionaria que surgió con la invasión rusa de Ucrania. El objetivo era cargar a las grandes energéticas que se habían beneficiado de los precios disparados sobre la energía, y también a la banca, por los grandes márgenes de beneficio a consecuencia de la subida de los tipos en los préstamos.
Las energéticas que facturan más de 1.000 millones de euros al año (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy) han pagado este impuesto extraordinario durante 2023 y 2024. En su primer año de vigencia las grandes energéticas abonaron 1.650 millones de euros por el nuevo gravamen extraordinario, y este año abonarán una cantidad levemente inferior. Este dinero se invierte en financiar las medidas para combatir la crisis energética y de precios, tal como reconocen los organismos internacionales.
Europa y FMI sobre el impuesto a las grandes energéticas
La Comisión Europea indicó que las medidas extraordinarias adoptadas para paliar los efectos de la crisis energética debían ser temporales, teniendo en cuenta la evolución del contexto de precios que en su momento justificó su activación.
El FMI (Fondo Monetario Internacional) ha insistido en que los impuestos extraordinarios a las energéticas (así como a los bancos y las grandes fortunas) deben ser «limitados y temporales». Y advierte que, de mantener estos gravámenes tal y como están, podrían «desincentivar una inversión que ya está débil».
“El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios de 2022″, señala la institución.
Además, considera que se debe vigilar la interacción entre los múltiples impuestos a la energía y comprobar sus efectos.
Europa y FMI sobre el impuesto a las grandes energéticas
El nuevo planteamiento del Gobierno es negociar con los grupos parlamentarios una reforma total del impuesto, mucho más ambiciosa que las meras deducciones por inversiones verdes, incluyendo nuevos cambios e incentivos para impulsar aún más la transición energética.
La reforma impositiva se incluirá en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado (PGE 2025), que el Gobierno pretende presentar y aprobar en los próximos meses. Pese a su determinación en este asunto, el Ejecutivo reconoce que será complicado sumar el respaldo suficiente para convertir en permanente el impuesto.
Según la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el fin es convertir esta contribución extraordinaria en un incentivo a las nuevas inversiones en transición energética. Según sus cuentas, España necesitará alrededor de 30.000 millones de euros en inversiones en energía para afrontar los desafíos actuales y futuros.
Críticas y esperanzas sobre el impuesto a las grandes energéticas en el sector
Las grandes energéticas y las patronales que las agrupan han criticado con dureza este impuesto. Incluso han presentado recursos ante la Audiencia Nacional para intentar anularlo, alegando que es un impuesto tan desproporcionado como ilegal. Además, también han amenazado con la paralización de proyectos de inversión si el Gobierno prolonga el gravamen extraordinario.
El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, ha declarado estar convencido de que el impuesto extraordinario a las energéticas «se va a acabar». Pero aún está por ver la posición del Gobierno y del resto de grupos parlamentarios. En los próximos meses podremos saber más sobre el futuro del impuesto a las grandes energéticas que tanto debate genera desde hace meses.
