El último programa de estímulo económico de EE UU que ya está en marcha prevé una inversión histórica de 550.000 millones de dólares de capital nuevo con el objetivo de modernizar hasta 2026 la red de carreteras y vías ferroviarias, los puentes, puertos y otras infraestructuras en todo el país. En este gran esfuerzo inversor, el mayor en 65 años y que se dejará notar hasta 2030, está abierto también a empresas extranjeras. Según datos de Seopan, actualmente el 40% de los grandes contratos de obra pública del país norteamericano tienen una firma española en la terna finalista y de cada 10 contratos que se firman, en tres o cuatro están involucradas empresas españolas, más que de cualquier otra nacionalidad. ¿Cuáles son las barreras de entrada a este mercado y las peculiaridades de su sistema de licitación de obra pública?
A falta de conocer cuánto dará de sí el resto de su mandato o mandatos, puede que uno de los mayores triunfos del presidente Biden en política interna sea haber aprobado y ejecutado la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, más conocida en el país como BIL (Bipartisan Infraestructure Law), un descomunal programa de inversión pública que pretende corregir décadas de infrafinanciación y poner al día miles de kilómetros de carreteras y puentes en mal estado, incrementar la capacidad de nodos de transporte ya existentes y mejorar y ampliar otro tipo de infraestructuras no convencionales como la banda ancha para internet. Un plan que supondrá una inyección extraordinaria de más de 500.000 millones de dólares hasta 2026.
“Incluso estados relativamente pequeños como Carolina del Sur o Nuevo México recibirán entre 3.000 y 5.000 millones de dólares en tres o cinco años”, señala Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-EE. UU., una institución dedicada a tender puentes entre ambos países. Al otro lado del charco urge encontrar socios en otros países porque el calendario es ajustado. “No dejan de venir a Madrid funcionarios de Estados como Puerto Rico para contarnos su situación”, confirma Prieto. Más allá de la cuestión idiomática, no resulta extraño que elijan España para exponer sus necesidades ya que las empresas españolas de ingeniería y construcción ya tenían buena fama. “Los profesionales del sector y los responsables de gestionar las licitaciones saben que las constructoras españolas son de las más importantes del mundo y llevan más de una década a la cabeza en estos procesos en EE UU”.
Barreras y oportunidades del mercado estadounidense
Eso sí, Prieto advierte de que desembarcar en EEUU requiere planificación, entender la legislación de cada Estado y contar con ciertos gastos ineludibles como los de abogados y asesores. Estos costes de instalación, que “son altos”, hacen recomendable buscar un socio en el país, “de hecho hay una legislación que favorece las asociaciones locales y el small business [pequeña empresa]”, destaca Prieto. Aunque también haya que respetar cuotas de empleados locales y el desplazamiento de técnicos y directivos extranjeros a EE UU lleva su tiempo de burocracia, no todo son barreras. Los contratos con las naciones indias, por ejemplo, “puede ser interesantes por el régimen fiscal y de contratación”. Otro aspecto positivo es la presencia de población hispana, unos 60 millones de personas, con lo que la integración con personal español siempre será más sencilla.
Prieto compara el impacto de la BIL, que se suma otros dos paquetes de estímulo económico aprobados en los últimos años, al de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en España, pero “multiplicado por 27 países de la Unión Europa y seguramente más. Creará dos millones de empleos de media durante 10 años y supondrá la mayor inversión federal en trenes de pasajeros desde la creación de la red estatal Amtrak”. A las empresas que estén interesadas en explorar las oportunidades que supone el mercado estadounidense de infraestructuras, Prieto les recomienda acudir tanto a la embajada de EE UU en España como al Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
La Fundación Consejo España–EE. UU. y Uría Menéndez organizaron hace unas semanas un seminario con la colaboración de Abertis, Fedea y Ferrovial precisamente para analizar los retos derivados de la implementación de los planes de infraestructuras que la Casa Blanca ha puesto en marcha, así como y las oportunidades que se abren para las empresas españolas y los profesionales de la ingeniería y la arquitectura en las diferentes fases de los proyectos de infraestructuras en aquel país.
Participación del sector privado en la obra pública
El subdirector general para Iberoamérica y América del Norte del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Javier Sanz, destacó en su intervención el carácter discrecional “con el que se van a repartir la mayor parte de los fondos”, ya que “no todos los recursos federales se asignan directamente a los estados; una parte están gestionados por agencias federales a través de programas que funcionan mediante procesos de concurrencia competitiva entre los mejores proyectos”. Esto abre “oportunidades para grandes proyectos con impacto, pero también por los retos añadidos que supone”. A este respecto, Sanz opina que el volumen de estímulos aprobado podría crear cuellos de botella: “Hay mas de 400 programas de financiación discrecional, muchos nuevos, y probablemente no todas las agencias del gobierno federal tendrán el personal suficiente para definir los criterios y prioridades de elección de estos nuevos programas”. “Ya se han anunciado 100.000 millones de dólares de financiación discrecional, pero se necesitará tiempo para ejecutarla”, insistió.
En todo caso, la participación del sector privado en este proceso parece indispensable. “Hasta qué punto con tanta financiación pública se puede necesita movilizar financiación privada. La respuesta es que sí, porque las necesidades son también enormes”, se respondió Sanz, aunque admitió que se trata de un país el que la colaboración público-privada “aún es reducida”. Sin embargo, las empresas españolas “son ya actores principales en licitaciones de este tipo y están en una posición magnífica para reimpulsar el desarrollo de las P3 [Public-Private Partnerships o colaboraciones público-privadas] en este mercado”, al contar con “más de 40 años de experiencia en estos proyectos tanto en España como en resto del mundo”.
Como complemento a la BIL, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que entró en vigor en enero, prevé “otra inversión sin precedentes para modernizar el sistema energético estadounidense”. Sanz destacó que de los 430.000 millones de dólares que lleva aparejada, 369.000 millones financiarán proyectos de seguridad energética y cambio climático, “sobre todo en forma de incentivos fiscales y programas de subvenciones y préstamos”. Por ejemplo, se promoverá la instalación de plantas de generación de energía renovable con más de 140.000 millones, “pero también se apoya la energía nuclear con 30 millones, el hidrógeno limpio con más de 13.000 millones y la captura de emisiones de carbono con más de 3.000 millones”.
El 20% de las autopistas y 450.000 puentes deben ser reparados
“Una de cada cinco millas de autopista necesita reparaciones o mejoras, al igual que 450.000 puentes”. Así resumía la agregada comercial en la Embajada de EE UU en España, Linda Caruso, el panorama de las infraestructuras viarias en su país. Durante el seminario, Caruso subrayó que las inversiones anunciadas “se necesitan urgentemente” y animó a las empresas españolas a participar en un proceso que supone la mayor inyección de fondos públicos desde el plan que impulsó el presidente Eisenhower para crear la red de autopistas interestatales en los años 50 del siglo XX. “Nos gustaría compartir estas oportunidades con las empresas españolas”, afirmó.
Una de las formas que hay para conocer la financiación disponible en cada uno de los 50 estados es a través del mapa interactivo de Buid.gov, donde también se informa de en qué fase se encuentra cada proyecto. Caruso ofreció igualmente la Embajada para proporcionar información adicional en español a las empresas interesadas en invertir en EE UU, conectarlas con los recursos de cada estado y sus oficinas de desarrollo económico (EDO, por sus siglas en inglés) o el propio Departamento de Transportes federal que será el que canalice cerca del 50% del presupuesto de la BIL.
Otra de las opciones que existen para realizar contactos en el sector de obra pública y las infraestructuras del país norteamericano es acudir al ‘SelectUSA Investment Summit’, un evento anual dirigido a promover la inversión extranjera que se celebra desde 2007. La próxima edición tendrá lugar del 1 al 4 de mayo.
Los casos de Nuevo México y Carolina del Sur
La asistencia al seminario de representantes públicos de Nuevo México y Carolina del Sur sirvió para analizar más de cerca las necesidades en cuanto a la mejora de las infraestructuras y el funcionamiento de la obra pública en EE UU. Entre las ventajas que ofrece este país, Gemma Magre, subdirectora de asesoría jurídica de Abertis presente también en el evento, destacó que “tiene unos ratings espectaculares a todos los niveles, con lo que es fácil conseguir financiación cuando la necesitamos”.
En el caso de Carolina del Sur, que cuenta con la cuarta mayor red de autopistas estatales del país y la sexta mayor red de carreteras públicas, solo uno de cada cinco trazados está en buen estado, según sus propios criterios, y aproximadamente la mitad de sus puentes (465) necesitan ser reemplazados; 229 kilómetros de autopistas interestatales también tendrán que ser reparados. Las autoridades estatales esperan contar con hasta 5.000 millones de dólares de presupuesto en 2023 gracias a la BIL que ha incrementado las partidas disponibles entre el 20 y el 30%.
En EE UU, la propiedad de la mayor parte de las carreteras se reparte entre las autoridades estatales y locales, mientras que el papel del gobierno federal es apoyar a esas administraciones que tiene por debajo en el mantenimiento de las vías. “En nuestro caso, cerca del 58% de la financiación para carreteras proviene del propio Estado”, detalló el jefe de Gabinete de su Departamento de Transportes, Justin P. Powell. El 42% restante (1.100 millones de dólares) sale de las arcas federales.
En cuanto a la financiación procedente de la BIL, Powell recordó que “todavía queda mucho por decidirse” y que solo Carolina del Sur ha presentado solicitudes para el programa de ayudas ‘competitivas’ -para las que todas las administraciones compiten entre sí- por valor de 250 millones de dólares. “Todavía no hemos recibido respuesta”, reconoce. El mayor de estos proyectos que están por licitarse implicará reconstruir la circunvalación de Charleston, lo que requerirá entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. “Es una oportunidad significativa para firmas internacionales”, subrayó.
Un reto añadido es que con la BIL la administración concederá financiación a todos los niveles de la administración y no solo a los Estados. “Algunas de nuestras administraciones locales podrían no tener la capacidad para gestionar estos fondos”, reconoció. Powell también explicó que cada Estado cuenta con el State Transportation Improvement Program (STIP), un documento que recoge los proyectos previstos en el área de infraestructuras de transporte y que, al menos en el caso de Carolina del Sur, está disponible en internet.
La directora de Ejecución de Infraestructuras de Nuevo México, Blanca Ortiz-Wertheim, señaló que si bien los fondos aprobados -en torno a 1,2 billones de dólares si se suma la BIL a otros programas de estímulo creados a raíz de la Covid-19- “son desde luego mucho dinero, los proyectos y los fondos que serían necesarios representan varias veces esa cantidad”, dado que en todo el país hay casi 15.000 carreteras en mal estado, al igual que miles de puentes. “En Nuevo México tenemos más de 200 en esa situación y en torno a 6.000 kilómetros de carreteras”.
De momento, en un año su administración ha recibido 2.200 millones de dólares que se destinarán a proyectos relacionados con el agua en la ciudad de Clovis por valor de 160 millones de euros, así como otros 45 millones para la autopista en la frontera sur del Estado, entre muchos otros.
RECUADRO 1
¿Cómo es la licitación de obra pública en EE UU?
En cuanto al sistema de licitación de las infraestructuras “cada Estado es un mundo”, puntualizó Gemma Magre, subdirectora de asesoría jurídica de Abertis. Debido al incremento de fondos públicos que ha supuesto la aprobación de la BIL, Magre destacó también que algunos Estados como Carolina del Norte y Virginia “están invirtiendo muchísimo en modelos de colaboración público-privada”.
Sin embargo, los niveles de aprobación que debe atravesar un proyecto de obra pública difieren de una jurisdicción a otra; en algunas es el propio gobernador el que debe firmar los contratos. Y a la hora de licitar la obra pública, si bien tradicionalmente se elegía la oferta con el precio más bajo, hay estados que recurren a un sistema de colaboración “en el que seleccionan a una empresa y trabajan con ella para dar forma al proyecto”, tal y como señaló el jefe de Gabinete del Departamento de Transportes de Carolina del Sur, Justin P. Powell, un Estado en el que, según expuso, se prima la relación precio-calidad y la innovación. Pero la BIL ha traído consigo también nuevas fórmulas para la colaboración público-privada, ya que se han introducido, precisamente, criterios generales de calidad-precio para determinar si un proyecto debe ejecutarse bajo P3 o mediante un mecanismo de financiación tradicional. “Creo que es una oportunidad para las firmas españolas”, recalcó Powell.
“La manera de entrar en EE UU ha sido proponer soluciones, es una cosa muy bien valorada allí”, explicó, por su parte, Federico Gredilla, director de Desarrollo en Cintra (Grupo Ferrovial), para quien las normas de licitación en Europa “son muy rígidas” en comparación con la de EE UU, un país en el que “hay mucho más espacio para proponer, para dialogar con la administración y buscar soluciones novedosas”. De hecho, la proactividad de las empresas es este aspecto es muy bienvenida, según apuntó, “tanto en la fase de desarrollo de los proyectos como en la de concurso e incluso durante la ejecución hay posibilidad de presentar mejoras. Es un país estupendo para este tipo de cosas, con una mentalidad open for business; se valora la innovación y que se propongan cosas”, añadió.
En lo que sí hay una clara coincidencia es en el desafío que supone también en EEUU para los proyectos de construcción el actual incremento del precio de las materias primas. “Una de las pocas maneras de prevenirlo es incluir un mecanismo de revalorización del contrato, pero a veces no es fácil y en el contexto actual es mucho más complejo. Es un gran problema”, admitió Gredilla.
RECUADRO 2
España-EEUU, unidos por el sector de la construcción
EE UU es el segundo destino para las exportaciones españolas, después del Reino Unido. A su vez, la patria del Tío Sam es el principal inversor en España con 107.000 millones de euros en términos de stock. De hecho, EE UU y Reino Unido representan más de la mitad de los flujos de inversión recibidos por España (el 57%), de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Industria. España, por su parte, es el décimo inversor mundial en EE UU con 86.000 millones de euros de stock. En estas cifras el sector de la construcción tiene mucho que ver:
- Diez de los 40 grandes grupos constructores que pertenecen a la patronal Seopan tienen actividad en EE UU, ya sea través de la ejecución de obras, concesiones, mantenimiento o gestión de diversas infraestructuras.
- Estas constructoras suman más de 227 proyectos con un valor de 91.000 millones de euros.
- Ocho constructoras españolas están entre las principales firmas del sector de la construcción en EE UU, según ‘Engineering News-Record’, con un benefició de 22.400 millones de dólares en 2021 que representó el 43% de todo el que obtuvieron fuera de España. “Es la consecuencia del liderazgo global de nuestras constructoras en el ámbito internacional solo superada por los contratistas chinos”, defendió Julián Núñez, presidente de Seopan.
- También es notable la presencia de las empresas españolas en concesiones relacionadas con infraestructuras de transporte, con una inversión acumulada desde 1985 que supera los 256.000 millones de dólares, correspondiente a 277 proyectos, según Public Works Financing.
- Las 20 mayores concesiones de este tipo en EE UU gestionan 70 activos de los que más del 24% (17) están controlados por empresas españolas.
