En los últimos años, un término de nuevo cuño ha nombrado y situado en primer plano un problema que lleva arrastrándose décadas: la España vaciada, algo de lo que se era consciente pero que se mantenía relegado en el orden de prioridades. Sin embargo, con la pandemia y el auge del teletrabajo, muchos miran el medio rural con otros ojos. La aparición de nuevas opciones políticas orientadas a su defensa, que en el caso de Teruel ha llegado incluso al Parlamento, supuso un impulso más a la concienciación colectiva sobre esta reivindicación y con ella la aparición de financiación pública. En 2023 recibirá más de 4.400 millones de euros. Algunos estudios apuntan que el 15% de la población piensa mudarse al campo.
La España vaciada es un problema que afecta especialmente a algunas comunidades autónomas, sobre todo las de la zona central de la península. Se habla incluso de ‘la Laponia española’, un enorme territorio que abarca Teruel y partes de Cuenca, Soria, Burgos, Zaragoza Guadalajara y Castellón, con una extensión de 65.000 kilómetros cuadrados (más de un 10% de la superficie de España) atravesada por el Sistema Ibérico que se ha dado en llamar Serranía Celtibérica, y que padece una de las densidades de población más bajas de Europa: apenas siete habitantes por kilómetro cuadrado, 12 veces menos que la media española.
En la Laponia española sobreviven 1.632 municipios de las provincias de Teruel y Zaragoza en Aragón; Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha; Burgos, Segovia y Soria en Castilla y León; Castellón y Valencia en la Comunidad Valenciana, y La Rioja. Solo cuatro de ellos tienen más de 10.000 habitantes: Teruel, Soria, Cuenca y Calatayud.
Francisco Burillo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, lleva años advirtiendo sobre las consecuencias de lo que considera una “catástrofe demográfica”. Su concienciación con este problema comenzó cuando el Ayuntamiento de Calatayud y el Centro de Estudios Celtibéricos le pidieron asesoramiento para elaborar una ruta turística por los vestigios de la cultura celtibérica en la zona. Al percatarse de la magnitud de la despoblación, impulsó la creación de la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica.
Burillo ya explicaba hace unos años en ‘El País’ el negro panorama demográfico de la Serranía Celtibérica: “Mientras Laponia tiene un 15,53% de menores de 15 años y un 19,62% de mayores de 65, aquí los menores de 15 son el 7,33% y los mayores de 65, el 32,05%. Estos porcentajes de envejecimiento pueden hacerse extensivos a otras comarcas. Puede considerarse que la zona está biológicamente muerta”.
El ‘reto demográfico’ del Gobierno
Paliar esta sangría poblacional, o ‘reto demográfico’, como lo denomina el Gobierno, también se engloba dentro de lo que este llama ‘Plan 130’, resultado de la acción transversal de los distintos ministerios en la lucha contra la despoblación y la mejora de la cohesión territorial. Así, los PGE para 2023 agrupan acciones concretas de 18 ministerios para impulsar el despliegue de la conexión 5G, dotar de más becas a los colegios y de cursos de formación a las mujeres rurales, para ofrecer ayudas a la vivienda o arraigar en esos territorios oficinas y sedes de instituciones estatales, entre otras medidas.
En el plano tecnológico y de comunicaciones, una de las grandes metas planteadas es que en 2025 el 100% de la población, incluida la residente en los núcleos más recónditos e inaccesibles del territorio nacional, tenga acceso a Internet de alta velocidad. Con una partida de más de 750 millones de euros, lo que supone el 17% de todo el presupuesto de 2023 para la España vaciada, el objetivo es alcanzar un despliegue del 5G por toda España.
Por ministerios, la mayor cantidad corresponde al de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, que dispondrá de 1.438 millones: 225 destinados al impulso de energías limpias en pequeños municipios; 265 millones para biodiversidad, restauración de ecosistemas y de zonas degradadas por la actividad minera y para luchar contra los incendios; y 150 millones para promover la actividad turística «sostenible» particularmente «en áreas de interior que sufren las consecuencias de declive demográfico». Dentro del Programa de Mercados Sostenibles en zonas rurales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se destinarán otros 11 millones para fomentar la actividad comercial en estas zonas.
Los Presupuestos para 2023 también incluyen la ubicación de algunas sedes y oficinas públicas en zonas afectadas por la despoblación. El Ministerio de Seguridad Social invertirá 26,5 millones para crear el Nuevo Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social en Soria.
El resto de las medidas y acciones, hasta completar esos más de 4.400 millones, se destinarán a becas a los colegios y de cursos de formación a las mujeres que trabajan en el campo, ayudas a la vivienda en zonas rurales, fomento de la actividad comercial, acceso para las personas jóvenes y con escasos medios económicos o para al alquiler de inmuebles que forman parte del patrimonio arquitectónico de pequeños municipios.
Éxodo al campo: un 15% de la población planea mudarse a un pueblo
Al margen de estas medidas del Gobierno, lo cierto es que hace años que las iniciativas de esos pueblos y municipios que han visto cómo van quedándose vacíos han ido aumentando, con ofertas a parejas y familias que incluyen casa gratis y la gestión de algún negocio local, como el bar del pueblo. Desde estas pequeñas localidades también se han lanzado en muchos casos iniciativas para atraer teletrabajadores. Sin embargo, la falta de servicios suele lastrar en la mayoría de las ocasiones estos buenos propósitos.
Paradójicamente, frente al drama de la despoblación de la llamada España vaciada, vivir en un pueblo y alejarse de la ciudad es una idea que cada vez atrae a más españoles. De hecho, los pueblos de menos de 10.000 habitantes despiertan el interés del 61% de los ciudadanos y un 15% asegura que tiene intención de irse a vivir a un pueblo los próximos meses gracias al teletrabajo o a un cambio cercano de trabajo. El perfil de estas personas que están dispuestas a irse a vivir a una zona rural está compuesto por españoles que tienen entre 35 y 44 años y viven con su pareja y sus hijos, según el ‘Análisis sobre la España Vaciada’ realizado por Fotocasa y publicado el pasado mes de octubre.
De acuerdo con este informe, entender el fenómeno de la vuelta a las zonas rurales también pasa por conocer cómo son las personas que deciden moverse a un pueblo y compararlas con aquellas que rehúsan esta idea. Así, la primera diferencia entre los que se van a trasladar y los que no lo harían nunca reside en que, en el primer grupo, seis de cada diez son hombres. Sin embargo, en el segundo grupo, el de los que no se irían nunca a vivir a una zona rural, seis de cada diez son mujeres.
Con respecto a su edad, en ambos casos la media ronda los 40 años, aunque sí existen diferencias cuando esta variable se analiza por tramos: la edad de los que tienen planes efectivos para cambiar su residencia a un pueblo es de entre 35 y 44 años en el 31% de los casos. Sin embargo, solo un 22% de los que no se trasladaría en ningún caso se encuentra en este tramo de edad. De hecho, en este segmento predominan los jóvenes que tienen entre 25 y 34 años: un 37% de ellos no se iría nunca a vivir a un pueblo.
Con respecto a su lugar de residencia, Andalucía es la comunidad autónoma en la que más adeptos tiene el cambio de vida al entorno rural (17%) y, también, el territorio en el que más detractores tiene este plan (22%).
Si en lugar de hablar de comunidades autónomas, hablamos del tamaño que tienen las ciudades en las que habitan, lo que se observa es que el rechazo a irse a una zona rural a vivir proviene, fundamentalmente, de las personas que viven en capitales de provincia (43%). Por su parte, los que tienen planes reales para trasladarse a un pueblo son, principalmente, los que viven en ciudades que no son capital de provincia y en las que hay menos de 50.000 habitantes (53%). Es decir, quienes ya están con pie y medio en el entorno rural.
Del informe de Fotocasa se desprende que otro de los aspectos que marca la diferencia entre un grupo y otro es el estado civil ya que, pese a que en ambos grupos una de cada dos personas esté casada, con pareja de hecho o conviviendo en pareja, entre los que proyectan trasladarse a una zona rural destacan de manera estadísticamente significativa los separados o divorciados: son el 12% mientras que entre los que no se irían nunca a vivir a un pueblo hay un 6% en esta situación.
Sin embargo, entre los que rechazan la idea de trasladarse a una zona rural hay más personas solteras: son el 42%, una cifra 10 puntos porcentuales mayor que en el caso de los que sí que van a cambiar su residencia a una zona rural (32%).
Por otro lado, la situación de convivencia también deja una diferencia significativa entre ambos grupos: entre los que tienen planes de cambiar campo por ciudad, hay un 32% de particulares que vive con su pareja e hijos. Sin embargo, en el caso de los que no se irían nunca a vivir al agro hay un 26% en esta situación.
Pero no todo son diferencias. Hay dos cuestiones en las que ambos grupos tienen situaciones muy similares. Se trata de la clase social y de los ingresos mensuales por unidad familiar que, a la vista de los datos, no son determinantes para esta toma de decisión sobre el lugar de residencia. En definitiva, el perfil de aquellos que deciden dar un cambio en su vida y trasladarse a una zona rural a vivir y trabajar o teletrabajar es el de personas que tienen entre 35 y 44 años que viven con su pareja y sus hijos en ciudades que no son capital de provincia y que tienen menos de 50.000 habitantes.
