Pocas actividades podrían salir indemnes con los precios de las materias primas y de la energía por las nubes y el sector primario no es uno de ellos. La tensión que genera en el balance de muchas explotaciones podría ser su puntilla definitiva, sobre todo para las de menor tamaño y menos especializadas, atrapadas desde hace años en una espiral de márgenes de explotación estancados cuando no decrecientes. Cada vez hay menos empresas dedicadas al campo, aunque la superficie total dedicada a uso agrícola todavía resiste: ¿concentración o éxodo paulatino hacia otras actividades como los ‘huertos solares’? ¿Logrará el anunciado PERTE Agroalimentario modernizar el campo español?
Aunque las reclamaciones del sector primario ante unos costes de explotación cada vez más elevados y no compensados suficientemente por el resto de la cadena alimentaria se repiten en los últimos años, tanto como las advertencias ante el riesgo que esta tendencia supone para la supervivencia de una parte del sector primario, el actual ciclo de inflación se ha convertido en el equivalente a una declaración de guerra que justifica hacer sonar las alarmas casi a diario.
Pero ya no son solo los pequeños ganaderos y agricultores los que alzan su voz. Una de las últimas organizaciones en pedir auxilio, a finales del mes de noviembre, ha sido la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL). Situados en un lugar intermedio dentro de la cadena alimentaria, su versión particular de esta crisis está motivada por los altos precios del gas y la electricidad -que consume de forma intensiva la industria transformadora láctea-, combinada con el alza de las materias primas que, asegura FeNIL, los ganaderos les están repercutiendo.
La Federación recurre a la ya habitual comparación entre el precio del producto en origen vs. punto de venta para afirmar que mientras la leche se paga al ganadero un 45% más cara en 2022 que el año pasado, el consumidor ‘solo’ tiene que desembolsar un 25% más por ella.
Además, en un comunicado, el director general de la Federación, Luis Calabozo, recuerda que la práctica totalidad de la industria láctea nacional está compuesta por pequeñas y medianas empresas “que ahora ven amenazada su supervivencia”. De igual forma, el comunicado sostiene que “la industria láctea es un sector estratégico para la supervivencia y la revitalización de la España rural, pues contribuye a la fijación de población en los territorios con menos densidad, gracias a su contribución en forma de empleo de calidad, siendo la única actividad industrial en numerosas zonas de la España rural”.
¿Está desapareciendo el campo español?
Es un hecho: cada vez hay menos explotaciones agrícolas; su número se redujo un 7,6% entre 2009 y 2020, hasta situarse en 914.871, según el último ‘Censo Agrario’ publicado este año por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además de mostrar la atomización del sector primario, el documento contiene otro dato que resulta contraintuitivo: a pesar de que cada vez hay menos granjas, la superficie agrícola total no solo no se ha reducido en el mismo período, sino que ha aumentado un 0,7%.
Otro de los datos de este censo, el de la superficie media por explotación puede tener parte de la explicación: el número de hectáreas ha crecido un 7,4%, hasta las 26,37. Las explotaciones que sobreviven son cada vez más grandes. ¿Mera concentración? “Están intentando eliminar al agricultor para que los que producen los alimentos sean las grandes multinacionales en las partes del mundo que más les interese”. Así lo cree Salvador Marqués, miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional del Sector Primario (Anseprim) que ha visto de cerca cómo en los últimos años en Casinos, al norte de la provincia de Valencia, poco a poco se abandonan los campos. “Cuando hay una zona con bastantes abandonados, llega una empresa, compra 1.000 fincas, las unen y en ocasiones las venden a fondos de inversión”.
El objetivo de estas operaciones no siempre es continuar con la producción de alimentos, aunque cuando lo es, el nuevo dueño suele ser una empresa de distribución que instala grandes plantaciones, por ejemplo, de naranjos. “Si se aseguran un 20% del producto que necesitan poner a la venta, luego pueden ofrecer al agricultor precios ridículos y cuando tienes la fruta madura, la acabas vendiendo como puedes”, se lamenta.
Pero hay otra posibilidad, cada vez más frecuente: el alquiler de fincas para instalar ‘huertos solares’, un fenómeno del que Marqués ha sido testigo “a lo largo de estos últimos años”. En algunos casos, según su testimonio, se llega a la amenaza de expropiación. Claro que ese es un proceso largo y costoso. Asaja León ha denunciado en alguna ocasión que cuando los promotores de los huertos solares no logran llegar a un acuerdo con los pequeños propietarios, optan por buscar terrenos de entidades públicas como juntas vecinales y ayuntamientos. El problema es que en este tipo de fincas puede haber agricultores en régimen de arriendo que se exponen a perder su medio de vida. En todo caso, crear una instalación fotovoltaica en suelo rústico hace que este pase a ser industrial y no parece que este nuevo ‘cultivo’ esté reduciendo la cantidad de suelo cultivado, al menos de momento.
Las ayudas a la agricultura
En 2022 se cumple el 60º aniversario de la Política Agraria Común (PAC), una de las medidas estrella de la Unión Europa que solo este año repartirá unos 55.000 millones de euros de los que a España le corresponden en torno a 5.000 millones. De hecho, esta partida nutre la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Oficialmente, la PAC pretende “apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando un suministro estable de alimentos asequibles”, pero también “mantener viva la economía rural”. Esa misma economía, sin embargo, parece ir lentamente en otra dirección, al menos en términos de ocupación: si en 2007 daba trabajo al 4,52% de la población, en 2019 era el 4,09%.
“Realmente no tendríamos por qué recibir ayudas”, reflexiona Marqués que se conformaría con que los precios reflejasen los costes que tienen los agricultores, “pero son los mismos precios que hace 10 años; si le pagase lo mismo a un trabajador me dirían que soy un explotador”, asegura. “El año pasado me pagaron el kilo de mandarinas al mismo precio que hace 30 años y es demostrable”, insiste. ¿Son capaces las ayudas al agricultor de compensar este desfase? Marqués no tiene inconveniente en reconocer que este año recibirá “entre 4000 y 5.000 euros”, frente a unos gastos de explotación de 150.000 euros.
“Actualmente las explotaciones tienen muy poca viabilidad” y muchas de las que sobreviven sin cambiar de modelo son “las que llevan tiempo, tienen amortizado el material y además tienen pocos trabajadores, así que intentan seguir trabajando”, concluye. Para 2023, los presupuestos del Ministerio incluyen 5.692 millones de euros en ayudas directas a cuenta de la PAC.
PERTE agroalimentario
En febrero de este año el Gobierno anunció el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario, creado bajo el paraguas de los fondos europeos de apoyo a la recuperación poscovid. Sin embargo, la publicación de la convocatoria definitiva se ha ido retrasando y finalmente se anunció para el mes de diciembre. Si se cumple este calendario, el plazo para presentar solicitudes se extendería hasta finales de enero de 2023.
En mayo añadieron 800 millones de euros al presupuesto inicial con lo que la cifra total asciende a 1.800 millones. El Ejecutivo espera que la iniciativa privada permita elevar el impacto de este PERTE por encima de los 3.000 millones. El importe mínimo para cada proyecto tractor será de 10 millones de euros.
De los tres ejes que lo componen, el fortalecimiento industrial del sector agroalimentario contará con 400 millones para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad alimentarias; la digitalización de toda la cadena agroalimentaria recibirá más de 454 millones; y habrá en torno a 148 millones para fortalecer la investigación en el ámbito agroalimentario, para aumentar la capacidad productiva y la competitividad.
Desde otro de los eslabones de la cadena agroalimentaria, el que representa la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA), no echan las campanas al vuelo respecto a las ayudas: “Hay que esperar a ver qué condiciones se publican y cuántas empresas pueden aprovechar estos fondos”, señala José Ignacio Domingo, gerente de la Asociación. Entretanto, las preocupaciones del día a día tienen que ver con el impacto de una inflación que, aunque ha aflojado su escalada en los últimos meses, sigue representando una situación “preocupante que afecta a las empresas del sector de manera directa, pues no están pudiendo trasladar todo ese incremento de costes a los precios”.
Domingo reconoce, además, que hay “cierta incertidumbre en cuanto a las ventas”, ya que su evolución “dependerá de la evolución de la situación económica general, que no se eleven mucho más los tipos de interés, que las materias primas agrarias y la energía permitan contener la inflación general y la de los alimentos, todos son factores externos al sector que habrá que seguir muy de cerca. Incluso a un año, estamos viendo que en la actual situación es difícil hacer una previsión”.
