La combinación de alta inflación, crecimiento económico y una lluvia de millones procedentes de la Unión Europea para apoyar la recuperación de los Estados miembros tras la Covid ha permitido a España mantener a raya el déficit mientras trata de estimular la economía con planes de inversión público-privada. Ya se sabe cuáles serán los ministerios y programas mejor dotados en 2023, mientras persisten las dudas sobre el ritmo de ejecución de las ayudas; las cifras demuestran que apenas llega al 40% del total, lo que está limitando su efecto real.
De momento -al menos, de momento- la inflación está sentando bien a las cuentas públicas. El ‘exceso de recaudación’ por el alza de los precios -unos 7.000 millones de euros hasta agosto, según cálculos de la Agencia Tributaria, que serán 10.000 al final del año, anticipa una situación holgada para cuadrar las cuentas del año que viene, en plena negociación parlamentaria estos días. Este ingreso inesperado se une al que procede, estrictamente, del resurgimiento de la economía que, tras el mayor hundimiento desde la Guerra Civil, en los primeros ocho meses del año ha dejado casi otros 20.000 millones extra en las arcas públicas.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 refleja esta situación de mayor bonanza respecto a lo previsto al cierre de 2022, en concreto, con una estimación de un 6% más de ingresos no financieros.
Otro efecto positivo derivado de esta recaudación extraordinaria facilitada por la crisis inflacionista y la reactivación económica pospandémica es la bajada del déficit público que en julio se situó en el 58,1% en comparación con un año antes. Excluidas las corporaciones locales, los 24.412 millones de euros que se gastaron de más respecto a lo ingresado, equivalieron al 1,87% del PIB.
De nuevo, la ley más importante del año refleja esta evolución favorable de la relación entre ingresos y gastos, hasta tal punto que el objetivo del Ejecutivo para el déficit público en 2023 es del 3,9%, muy por debajo del 6,8% de los anteriores PGE y a la vez muy cerca de ese tope ideal del 3% que prescriben las normas comunitarias para tiempos ‘normales’.
El precio de la crisis
Más ingresos y menos deuda llevan a suponer un escenario optimista en términos de capacidad de gasto en medio de las incertidumbres que, a pesar de todo, se ciernen sobre el futuro inmediato de la economía española y europea. Sin embargo, no hay que olvidar que gestionar una crisis obliga también a que un Gobierno abra el paraguas de las ayudas para proteger a los sectores y colectivos más afectados. Ese gesto ha tenido ya un coste de unos 30.000 millones de euros, según cálculos de Hacienda. Es el precio de medidas como la rebaja del IVA de la luz, las destinadas a los consumidores de gas y la bonificación de 20 céntimos a los combustibles.
Si la economía española consigue el próximo año seguir salvando sus muebles en medio de una crisis inflacionista y energética sin precedentes, espoleadas por la invasión de Ucrania, las previsiones en cuanto a ingresos podrían cuadran. Uno de los factores que podría echarlas al traste es el impacto de un dinero que se encarece rápidamente (ya está en el 2%), pero el Gobierno también espera nuevos ingresos derivados de impuestos como el de las grandes fortunas o los gravámenes dirigidos a los ‘beneficios caídos del cielo’ de entidades financieras y empresas de energía.
Así que, a pesar de todo, los PGE de 2023 serán expansivos, ya que supondrán aumentar el gasto un 1,1% respecto a los pasados, y un 1,9% si se excluyen los fondos europeos.
Más dinero de Europa que nunca
“España es uno de los países con mayor asignación inicial de fondos europeos Next Generation EU, con aproximadamente 140.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, la mitad de ellos en transferencias”, recordaba en abril el Ejecutivo en el II Informe de Ejecución del Plan de Recuperación -aprobado el año pasado-, un volumen de recursos “sin precedentes”.
De ahí que los PGE de 2023 volverán a contar con una inyección de fondos comunitarios a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) aprobado en julio de 2020 por la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a capear la crisis de la Covid. De hecho, el próximo ejercicio concentrará el mayor volumen de inversión, en concreto, 28.692 millones, un 6,7% más que en 2022, ya que Bruselas exige que el total de estas subvenciones se comprometan antes del 1 de enero de 2024. No obstante, como ya estaba previsto también, la ejecución de las ayudas puede dilatarse hasta 2026.
La segunda fase del Plan contempla la concesión de créditos hasta completar los casi 70.000 millones de euros concedidos y previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Pero habrá más financiación europea, en concreto una parte de los más de 36.000 millones de euros de fondos estructurales que le corresponden a España en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.
¿Adónde irán los fondos Next Generation UE en 2023?
La parte más cuantiosa de los fondos europeos Next Generation UE que se repartirán en 2023, canalizados a través del mencionado Plan de recuperación, irán a parar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (6.258 millones), un 28,3% más que en 2022, al objeto de impulsar la política industrial, el sector energético y la I+D+i+digitalización.
Le siguen el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que recibirá otros 5.071 millones (un 13,7% menos que este año), destinados al plan para rehabilitar vivienda y la regeneración urbana; el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 4.942 millones de euros (un 12,9% más) y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 4.834 millones (un 23,4% más). A bastante distancia en cuanto al tamaño de las partidas departamentos se quedan los Ministerios de Defensa e Interior, que pasan, respectivamente, de 28 millones en 2022 a 171 en 2023, y de 40 millones en 2022 a 230 en 2023.
Si hablamos de programas concretos, algunos de los que tendrán más financiación en 2023 son el de Política Industrial España 2030 con un 43,1% más que este año (4.556 millones de euros, de los cuales 2.440 millones se destinan a industria y energía y 1.859 millones a I+D+i+digitalización); el plan de rehabilitación de vivienda (3.005 millones) que crece un 5,8% respecto a 2022; el plan de impulso a la pyme (2.858 millones) y el de conectividad digital (2.623 millones), este último con un 69,3% más que en 2022.
Falla la ejecución presupuestaria
El Gobierno había calculado que el impacto macroeconómico del Plan de recuperación en el PIB sería de 2,6 puntos como promedio entre 2021 y 2031. En concreto y según el desglose de estos cálculos, en 2022 sería de 1,9 puntos y en 2023 de 2,8.
Sin embargo y al menos por el momento, parece difícil llegar a esos niveles visto el ritmo al que se realizan los pagos: en 2021 se quedaron en el 45,5% de las obligaciones reconocidas y en una senda parecida, hasta el 31 de agosto de este año no llegaban al 20%, de acuerdo con los datos que maneja la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Si no se agiliza mucho el proceso burocrático que está detrás de estas ayudas, parece claro que el efecto en la economía real, en el mejor de los casos, se dilatará en el tiempo, pero también será menos intenso en un momento en el que la economía ha empezado a mostrar signos de debilidad frente a la crisis energética y de precios, con una tasa de crecimiento de solo un 0,2% en el tercer trimestre que contrasta con el 1,5% registrado en el anterior.
