Fuente: https://theobjective.com/
La puja se celebrará el 22 de noviembre con 3.300 MW eólicos y fotovoltaicos
La cuarta subasta de renovables que se celebrará en la era de Teresa Ribera como ministra para la Transición Ecológica exigirá una garantía económica de 60.000 euros por megavatio hora (MWh) a las empresas que deseen participar. La puja se celebrará el 22 de noviembre y en ella se pondrán en juego un total de 3.300 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos, con el objetivo de acelerar el proceso de electrificación de la economía, reducir el consumo de gas, rebajar los precios de la electricidad y avanzar en la consecución de los objetivos climáticos.
Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), la vigencia de las garantías será como mínimo hasta transcurridos seis meses después de la subasta. Por su parte, dejarán de ser exigibles en los siguientes casos: cuando el participante no hubiera resultado calificado, no hubiera resultado adjudicatario de ningún producto y por la cantidad que exceda a la potencia adjudicada.
Por su parte, la devolución o cancelación de la garantía se llevará a cabo no más tarde del cuarto día hábil tras la fecha en que esta deje de ser exigible, siempre que los instrumentos de formalización lo permitan. Asimismo, todo participante podrá solicitar a la entidad administradora de la subasta (OMEL Diversificación) la cancelación o la devolución antes del inicio de la subasta, pero con la condición de que no afecte al volumen máximo de calificación.
97,9 millones incautados
De su lado, las garantías se ejecutarán tras la publicación en el BOE de la resolución de inscripción en el registro electrónico del Régimen Económico de Energías Renovables (REER) en estado de preasignación. El importe ejecutado se entenderá como un ingreso del sistema eléctrico. El Gobierno incautó a finales de noviembre del año pasado 97,9 millones de euros en avales de las subastas de renovables que se celebraron entre 2016 y 2017, cuando gobernaba el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
En concreto se ejecutaron después de que los adjudicatarios no cumplieran con los plazos establecidos o no construyeran las instalaciones comprometidas una vez finalizados todos los trámites administrativos. La cantidad suponía el 19,5% del total depositado como garantía (502,2 millones). El que fuera entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, reclamaba que los adjudicatarios instalaran los proyectos antes del 1 de marzo de 2020. Posteriormente, debido a la covid-19, el actual Ejecutivo amplió el plazo un trimestre.
Ahora, en la cuarta se pondrán en liza dos cupos de potencia, uno de 1.800 MW para la fotovoltaica y otro de 1.500 MW para la eólica, aunque un mes antes -el 25 de octubre- se llevará a cabo una tercera. Se subastarán 520 MW repartidos en dos cupos: uno de 140 MW para fotovoltaica distribuida, para instalaciones menores de 5 MW con carácter local, y otro de 380 MW para otras fuentes, con reservas de 220 MW para solar termoeléctrica, 140 MW para biomasa y 20 MW para otras tecnologías.
Los promotores pujan por el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que generen sus plantas. En esta ocasión, las instalaciones solares termoeléctricas, las de biomasa, biogás o biolíquidos, percibirán el REER durante 20 años y tendrán una exposición al mercado del 15%, por su condición de gestionables; la fotovoltaica y el resto de renovables percibirán el REER durante 12 años y tendrán una exposición menor al mercado, del 5%.
Las instalaciones fotovoltaicas dispondrán de dos años para construirse a partir de la adjudicación, mientras que las solares termoeléctricas y las de biomasa tendrán cuatro y medio. Para el resto de las tecnologías, el plazo será de cuatro años. En las dos subastas anteriores impulsadas por Teresa Ribera, celebradas en enero y en octubre de 2021, se asignaron 2.902 MW de tecnología fotovoltaica y 3.256 MW de tecnología eólica.
Las empresas adjudicatarias también tendrán que presentar un plan estratégico con las estimaciones de impacto sobre el empleo local y la cadena de valor industrial. El gabinete dirigido por Teresa Ribera estima un ahorro de gas de 11.000 gigavatios hora (GWh) anuales gracias a la subasta, lo que supone un 2,9% del consumo en España en 2021, y una reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero de unos 2,7 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. La previsión contempla que la inversión necesaria para ejecutar la potencia adjudicada rondará los 2.900 millones.
Iberdrola y Endesa no acudieron a la última subasta celebrada en octubre del año pasado. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán justificó su no concurrencia por la incertidumbre regulatoria, mientras que la que dirige José Bogas dijo que estaba centrada en promover su propia generación para suministrar a largo plazo a sus clientes. Entonces, el precio medio de adjudicación fue de 30,56 euros el megavatio hora (MWh), frente a los más más de 200 euros que marcaba el mercado mayorista.
Dentro del calendario establecido para el periodo 2020-2025, el Ejecutivo prevé subastar 19,44 GW de renovables: 8.500 MW de eólica, 10.000 MW de fotovoltaica, 500 MW de termosolar, 380 MW de biomasa y 60 MW de otras tecnologías, como biogás, hidráulica o maremotriz.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene paralizada su idea de obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras independientes y grandes consumidores industriales, pese a que cuenta con todo lo necesario para ponerla en marcha.
El mecanismo planteado por el departamento de Teresa Ribera ya levantó ampollas cuando se anunció en septiembre del año pasado. Se incluyó en el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, con medidas urgentes para mitigar el impacto de la subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista (pool) sobre la factura de la luz.
Revuelo de las grandes eléctricas
De hecho, el texto recogía en el texto que la primera subasta se celebraría antes del 31 de diciembre de 2021 «de conformidad con las circunstancias del mercado», pero el Gobierno no cumplió. Desde principios de marzo, Ribera cuenta con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que se fija el precio mínimo al que las compañías pueden sacar a puja la electricidad, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.
La subasta está en stand by debido al revuelo que levantó el tope al precio del gas que se usa para la generación eléctricas entre las grandes empresas del sector, según confirman fuentes políticas a este medio. Esta generó un enfrentamiento entre las eléctricas y la gran industria. Aelec, patronal que reúne a Iberdrola, Endesa y EDP, acusó directamente a los grandes consumidores industriales de no cerrar contratos a plazo con un precio fijo.
