Energías renovables, hidrógeno, movilidad eléctrica, fomento de la industria naval y aeroespacial, digitalización del sector agroalimentario… Los fondos ‘Next Generation EU’ de la Unión Europea, creados para mitigar los efectos económicos y sociales del coronavirus, han empezado a llegar a España que ha aprobado hasta el momento nueve Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) con el fin de aprovechar este paquete extraordinario de ayudas y créditos.
La debilidad de la economía provocada por la pandemia y el riesgo de recesión llevó a la Unión Europea a aprobar en 2020 el mayor instrumento de ayuda financiera de su historia, el programa ‘Next Generation EU’. Concebido como una oportunidad para relanzar la economía de los 27 tras el golpe sufrido por la Covid-19, este plan pretende servir para avanzar hacia una Europa “más ecológica, más digital y más resiliente”, según su propia descripción.
Para canalizar los fondos –unos 800.000 millones de euros de valor actual- cada país debe crear una serie de convocatorias que pongan las ayudas (tanto subvenciones directas como préstamos bonificados) a disposición de los beneficiaros finales. Por lo que se refiere a España, la Comisión Europea aprobó en junio del pasado año su plan de recuperación y resiliencia, lo que suponía el visto bueno para iniciar la transferencia de los primeros 69.500 millones de euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del que recibirá unos 140.000 millones en total.
¿Qué son los PERTE?
A partir de ese momento, comenzó también el diseño de distintos programas y se creó una figura nueva por parte del Gobierno, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), pensados para coordinar iniciativas tractoras “muy prioritarias, especialmente complejas o en las que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado”, de acuerdo con la definición oficial. Su objetivo es “contribuir a una gestión ágil y eficiente de los fondos [europeos] y reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente a la transformación de la economía española”.
Un PERTE puede ser tanto un proyecto único con objetivos y modalidades de ejecución como un proyecto integrado, es decir: un grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa comunes que compartan el mismo objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.
Dado además su alto componente de colaboración público-privada y la transversalidad en cuanto al tipo de jurisdicciones que puede abarcar dentro de la administración, se ha creado el Registro Estatal de las entidades interesadas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Reperte). Se espera que este sistema ayude a canalizar la participación en estos proyectos.
El reglamento que establece sus bases de funcionamiento, publicado en el BOE del pasado 10 de marzo, señala que en cada una de las secciones del Reperte se podrán inscribir las entidades que hayan sido acreditadas como interesadas en cada uno de los PERTE por parte del departamento ministerial competente según el caso.
“Todo apunta a que en 2022 van a tener un papel fundamental. Las convocatorias de este año podrían suponer dos puntos en términos de PIB, es decir unos 24.000 millones de euros”, estimaba hace unos días en RNE Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research. “Por eso nosotros seguimos manteniendo estas previsiones de un crecimiento por encima de lo que sería una situación cíclica neutral a pesar de la guerra de Ucrania”, añadía este experto que recordaba cómo parte de estas ayudas “no computa a efectos de deuda porque es una subvención”.
En cuanto a su puesta en marcha, el Consejo de Ministros es el encargado de aprobar los PERTE. Hasta el momento ha dado el visto nuevo a nueve y se han anunciado dos más que están en fase de elaboración:
PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado
El PERTE VEC impulsará la creación de un ecosistema para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados. Su objetivo es ofrecer una respuesta a la nueva forma de movilidad y generar nuevas actividades asociadas a ella.
Se aprobó el 13 de julio de 2021 y prevé una inversión pública y privada de 24.000 millones de euros hasta el año que viene, aunque en esta cifra se incluyen, entre otras, las ayudas del Plan Moves y Programa Moves Proyectos singulares. El sector público pondrá en total 4.300 millones y el privado los 19.700 millones restantes. Gracias a esta iniciativa, el Gobierno espera que se matriculen 250.000 vehículos eléctricos en 2023 y que se hayan creado entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga (actualmente hay unos 12.000, según el último Barómetro sobre la Movilidad Sostenible elaborado por Emovili).
Bajo el paraguas de este proyecto estratégico se han ofertado unas ayudas por valor de casi 3.000 millones (1.425 en forma de préstamos y 1.550 en subvenciones) destinadas a actuaciones integrales dentro de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado. La convocatoria finaliza el 3 de mayo.
PERTE para la salud de vanguardia
Aprobado el 30 de noviembre de 2021, el primero de sus tres objetivos es fomentar las técnicas y tecnologías innovadoras para el diagnóstico y prevención de enfermedades, es decir, avanzar hacia la medicina de precisión (esto supone combinar datos genómicos y clínicos, entre otros); el segundo es apoyar terapias avanzadas desde el ámbito académico y facilitar su transferencia a la práctica clínica a través de alianzas con el sector privado; y el tercero prevé desarrollar una plataforma de diseño y producción industrial de medicamentos y vacunas basadas en ribonucleótidos con capacidad de respuesta ultra-rápida. La inversión prevista de de 1.469 millones.
PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento
Revertir la situación de ‘isla energética’ que caracteriza a España por su alta dependencia exterior no es una tarea sencilla ni tiene soluciones a corto plazo, pero es imprescindible actuar y este PERTE es un paso en esa dirección. Por eso incide en tecnologías como las energías renovables, la electrónica de potencia, el almacenamiento y el hidrógeno renovable que podrían paliar el problema a medio y largo plazo. Se le dio la luz verde el 14 de diciembre de 2021, dos meses de que Putin rompiera las hostilidades y agravara aún más la crisis provocada por el alza de los precios de la energía que había comenzado al superarse la fase aguda de la pandemia.
El Gobierno prevé que estas inversiones movilicen de forma directa “más de 16.300 millones de euros, con el potencial de generar más de 280.000 empleos”. De forma más concreta, se han presupuestado 3.558 millones para la puesta en marcha de 25 medidas que constituyen la parte central de este PERTE. Los cálculos oficiales estiman un impacto en el PIB “de más de 12.300 millones de euros, y un valor añadido bruto de casi 11.000 millones de euros”. También habrá 17 medidas de acompañamiento orientadas a la formación y capacitación pensadas para favorecer la adaptación de las industrias y el mercado laboral.
Al cierre de este artículo había cinco convocatorias activas, la primera para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético -se cierra el 10 de mayo y cuenta con 50 millones de euros-, y cuatro programas de incentivos más que finalizan el 7 de junio sobre capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación (30 millones); diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno (80 millones); grandes demostradores de electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable (100 millones); y retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras (40 millones).
PERTE Agroalimentario
El primer proyecto estratégico que se ha materializado este año se dio a conocer el 8 de febrero y pretende modernizar la cadena agroalimentaria para que sea capaz de afrontar los retos medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que se enfrenta en el marco de la transición energética.
La inversión pública será de unos 1.000 millones de euros hasta 2023, aunque se prevé que genere un impacto en la economía de unos 3.000 millones. Tiene tres ejes de actuación prioritarios: el primero, destinado a la mejora de procesos de la industria agroalimentaria dispone de 400 millones de euros; el segundo, con medidas para apoyar el proceso de adaptación digital en toda la cadena de valor (agricultores y ganaderos y sus cooperativas, pequeñas y medianas empresas de producción, transformación y comercialización) cuenta con 454,35 millones de euros; y el tercero, dotado con 148,56 millones, que incidirá en la innovación y la investigación para fomentar la competitividad.
PERTE Nueva economía de la lengua
La lengua también puede ser una palanca para el crecimiento económico y la competitividad internacional y este PERTE pondrá 1.100 millones para que administraciones públicas, universidades, centros de investigación, empresas e industrias ejecuten 14 proyectos tractores en torno a ella. El proyecto se aprobó el 1 de marzo.
El primero de sus cinco ejes de actuación es el conocimiento en español y las lenguas cooficiales; después figura la inteligencia artificial (habrá más de 330 millones de euros para proyectos como la creación de una Red de Excelencia en Inteligencia Artificial y los Programas de Lenguas accesibles); en tercer lugar, la ciencia en español, dotado con unos 130 millones para potenciar su uso como lengua de comunicación en el ámbito científico; en cuarto lugar, la enseñanza, en la que se invertirán 475 millones para crear una plataforma tecnológica de aprendizaje y certificación del español como lengua extranjera, así como en la digitalización del Instituto Cervantes, entre otras acciones; y por último las industrias culturales que recibirán otros 70 millones dirigidos a la mejora de la producción audiovisual y el sector del videojuego, así como la digitalización de contenidos y fondos documentales de museos y patrimonio.
PERTE de economía circular
La economía circular es uno de los conceptos asociados a la sostenibilidad que también será objeto de financiación pública de aquí a 2023, en concreto, concentrará ayudas por valor de 492 millones de euros, según el esquema anunciado el 8 de marzo.
El objetivo es reducir tanto la cantidad de los recursos como de residuos para minimizar la huella ecológica a través del reciclaje y la reutilización de los productos. Por eso, el foco se pondrá en sectores que generan muchos desechos y aún no han logrado la suficiente circularidad como el textil, el del plástico y el de los bienes de equipo para las energías renovables.
Se contemplan 18 instrumentos distribuidos en dos líneas de acción: actuaciones sobre sectores clave y actuaciones transversales para impulsar la economía circular en la empresa. Este PERTE está alineado con la estrategia de la Unión Europea que ha convertido la economía circular en uno de los ejes de su política económica y ambiental. España, por su parte, adoptó en junio de 2020 la Estrategia Española de Economía Circular – España Circular 2030 (PDF), con objetivos cuantitativos hasta 2030.
PERTE para la industria naval
El 15 de marzo se dio el visto bueno a un proyecto que pone encima de la mesa 1.460 millones para diversificar el sector, aunque solo 310 salen de las arcas públicas. Se creará una línea de inversiones destinada a la modernización y la diversificación del sector y otra dedicada a las tecnologías de aplicación en el ámbito naval. También habrá ayudas para investigación, desarrollo e innovación.
Asimismo, se han marcado una serie de objetivos concretos como el incremento de la competitividad en alrededor de un 15% y una tasa de crecimiento anual del 9% para el conjunto del sector.
PERTE Aeroespacial
Aún más reciente (22 de marzo), movilizará cerca de 4.533 millones de euros hasta 2025, de los que el sector público contribuye con unos 2.193 millones de euros. Se avecinan cambios en este ámbito y este PERTE quiere cubrir tres áreas: en la aeronáutica se busca desarrollar tecnologías y sistemas cero-emisiones y desarrollar demos de aeronaves multipropósito y vehículos aéreos no tripulados (UAV), principalmente; en la espacial, el interés se centra en el diseño de cargas útiles relacionadas con el control medioambiental, las comunicaciones cuánticas y la seguridad en cooperación internacional, así como posicionar al sector espacial en el mapa europeo del uso comercial del espacio; por último, habría un área transversal que abordará la innovación, sostenibilidad y digitalización de los centros de producción, la formación, etc.
Es el único PERTE hasta el momento que tiene un carácter internacional ya que contempla la colaboración con Portugal para lograr un objetivo común: lanzar ocho satélites españoles y ocho portugueses para la observación de la Tierra. También se trabajará con la Agencia Europea del Espacio en algunas de las actuaciones previstas.
PERTE de digitalización del ciclo del agua
Presentado el mismo día que el anterior, incide en un área en el que España acumula un retraso considerable. La patronal Seopan calcula que, al ritmo actual de inversión, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el agua se cumplirían con un retraso de 15 años, mientras que las actuaciones propuestas en el tercer ciclo hidrológico no se terminarán hasta 2045, es decir, 18 años más tarde de lo previsto.
Se movilizarán 3.060 millones de euros (1.940 serán fondos públicos directos) para fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información aplicadas al ciclo integral del agua. Las inversiones se centrarán en mejorar la gestión de este recurso, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales nacionales e internacionales.
A lo largo de este año y en 2023 se lanzarán varias convocatorias de ayudas tanto para administraciones y entidades competentes en el ciclo urbano del agua, como a la industria y comunidades de regantes y de usuarios de aguas subterráneas. Esta línea de actuación dispondrá de 1.700 millones de euros, “que arrastrará una movilización adicional de 1.120 millones de colaboración público-privada”, según los cálculos del ejecutivo.
Otros 200 millones se consagrarán a la digitalización en el regadío mediante contadores en las tomas de agua y parcelas, mejoras en los sistemas de control de la humedad y conductividad del suelo, la medición de los aportes de fertilizantes y la automatización de los sistemas de riego. Asimismo, se destinarán 225 millones para modernizar e impulsar la digitalización en los organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica con programas de seguimiento y control de los vertidos mediante sistemas de monitorización en tiempo real.
Además de estos nueve PERTE, la economía social (respeto al medioambiente, cohesión social e igualdad de género) y la fabricación de semiconductores (con más de 11.000 millones de inversión prevista) protagonizarán los dos próximos proyectos estratégicos que el Gobierno tiene previsto presentar en los próximos meses.
