Daniel Lacalle, doctor en economía y profesor de Economía Global.
Uno de los grandes problemas que tiene España desde hace años es el de fiar el 100 % de su recuperación tras una crisis a ayudas externas y fondos de Europa. Se suele olvidar que este tipo de apoyos no solucionan problemas estructurales y que las reformas deben hacerse precisamente para que, cuando nos lleguen fondos de Europa, su impacto económico sea real y, sobre todo, transformador.
El riesgo de que los fondos europeos se malgasten es muy alto. La experiencia del Plan de Crecimiento y Empleo de 2009 o la del Plan Juncker no nos hacen ser optimistas. Y no es un problema solo de España, sino del diseño de estos programas.
Se puede aprovechar el dinero, pero el propio diseño en el reparto y las partidas hace que sea lógico pensar que el efecto multiplicador va a ser muy bajo.
Los fondos como el Plan de Empleo y Crecimiento de 2009, el Plan Juncker o las Directivas Verdes de apoyo a la inversión en renovables han tenido un impacto bajísimo en el PIB, según muestra la media de los últimos veinte años. La evidencia empírica de los últimos quince años muestra un rango de efecto multiplicador —el impacto en PIB potencial— que, cuando es positivo, se mueve entre 0,5 y 1 como máximo. En España o Italia, con economía abierta y muy endeudada, han sido negativos.
Según las estimaciones de la Unión Europea, el Plan Juncker provocó entre 2014 y 2019 un aumento del PIB de 0,9 % en total y creó 1,1 millones de empleos movilizando 439 000 millones de euros. El Plan de Crecimiento y Empleo de 2009 no solo no generó impacto positivo, sino que no evitó que se destruyeran 4,5 millones de empleos en la Unión Europea tres años después. Por ello, es más que cuestionable que se vaya a crear un crecimiento potencial del 2 % anual con este plan como asegura el gobierno.
¿Por qué tienen tan bajo impacto estos programas? Por el objetivo de gastar mucho en muy poco tiempo en inversiones dirigidas desde el poder político y con una asignación de capital que, por la propia naturaleza de los programas creados, termina beneficiando a empresas que probablemente no lo necesitan y ya tienen amplio acceso a capital y financiación barata. Al tener que gastar mucho y muy rápido se corre el peligro de desempolvar proyectos que no tenían sentido económico o rentabilidad real ya en 2019 y que los fondos los absorban grandes empresas que no tienen problema alguno para acceder a los mercados, mientras las microempresas no tienen acceso a estos fondos y las pymes encuentran enormes dificultades para incluir sus planes en un PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica).
Es importante recordar que, además, la cifra tan repetida en los medios de comunicación –140 000 millones de euros– es en realidad muy inferior.
España recibirá 72 700 millones de euros en transferencias y 67 300 millones en préstamos a devolver. El saldo neto descontando la devolución de principal e intereses será solo de 42 000 millones de euros, según el BCE (Banco Central Europeo).
También debemos tener en cuenta la pérdida de ingresos por la PAC (Política Agrícola Común) y que España tendrá que aportar más al presupuesto europeo para recibir estos fondos. España aportará, según el Gobierno, un 9 % de los fondos europeos.
El Gobierno de España, en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, afirma que «la ejecución del PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) tendrá un efecto importante en el crecimiento económico, estimado en un 1,8 % del PIB en 2030, y en una mayor creación de empleo de calidad, estimada en unos
250 000 a 350 000 empleos adicionales entre 2021 y 2030». Sin embargo, cabe resaltar el bajísimo efecto en empleo y que se considere como gran hito que «en términos agregados, el empleo generado por el Plan supondrá doce empleos por cada millón de euros invertido». Doce empleos por millón gastado no es una gran noticia, sino una cifra especialmente pobre.
Todo el éxito o fracaso del Plan Europeo, por lo tanto, descansa en las estimaciones de efecto multiplicador de las inversiones acometidas. Y las expectativas no son buenas si atendemos a la historia, por ello hay que recordarlo para no repetir los errores del pasado.
No podemos olvidar tampoco el pobre historial en ejecución de fondos europeos. Desde 2014 hasta comienzos de 2020, el gobierno de España fue incapaz de movilizar 12 084 millones aportados por la Unión Europea en el marco de diversas líneas de actuación valoradas en 17 264 millones.
Conviene resaltar el riesgo de ejecución dada la magnitud de algunas partidas. Por ejemplo, 13 200 millones de euros a movilidad sostenible (electrificar las vías públicas y transición al vehículo eléctrico); 6820 millones a rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (paneles solares, eficiencia energética de las viviendas); y 4315 millones de euros a la «modernización de las Administraciones Públicas».
Esto en sí ya supone un problema porque existe una gran parte de gasto corriente que no genera rentabilidad económica real. Según la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), aproximadamente un 30 % del total del plan corre el riesgo de convertirse en gasto estructural.
Aparte de la cantidad designada para «digitalización», un 11 % de los fondos van a transición energética. Ambas partidas son las más importantes y, además, si algo hay en 2022 es apetito mundial por invertir en buenos proyectos transformadores de digitalización y con financiación amplia y barata. No existe ninguna falta de liquidez o apetito inversor privado para buenos proyectos. Esto aumenta el potencial.
No podemos olvidar que la oportunidad de transformación a coste barato y liquidez máxima estaba ya en marcha años atrás.
La realidad del mercado mundial nos muestra que existe un enorme interés por invertir en proyectos serios y rentables relacionados con digitalización, inversión sostenible y tecnologías disruptivas. Por lo tanto, las empresas deben ponerse en marcha con estos proyectos incluso si no reciben fondos europeos, porque la demanda por parte de financiadores e inversores es altísima. Además, los tipos de interés seguirán siendo muy bajos. La oportunidad, con fondos europeos o sin ellos, es espectacular.
Para sacar partido a los fondos europeos hay que eliminar la enorme burocracia y frenos administrativos a la hora de solicitar, presentar y conceder el dinero, maximizar la transparencia y reducir el riesgo de efecto desplazamiento (que el dinero se quede en grandes corporaciones) para que las pequeñas empresas, las que más empleo crean, los aprovechen. También hay que recordar que cuando hablamos de sostenibilidad, digitalización, eficiencia y transformación, tenemos que poner como foco principal nuestros sectores clave: turismo, ganadería y agricultura, automóvil, textil, etc. Al hablar de tecnología no debemos pensar solo en startups.
Las pymes y microempresas deben unirse en sociedades, cooperativas o incluso en vehículos especiales para acceder a estos fondos y no perder la oportunidad. Solo si las pymes concentran la mayoría de la asignación de recursos seremos capaces de generar el efecto positivo que todos deseamos.
Para que los riesgos mencionados en este artículo se mitiguen, es necesario crear un ente independiente que gestione la asignación de capital, que se audite correctamente la concesión de fondos, que no se pierdan en proyectos inútiles y que llegue a las empresas que lo necesitan, no a las que pueden gastar mucho muy rápido.
