Iñigo de la Serna
El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar hace unos días el dato de octubre de la inflación interanual: el 5,5 %, un valor que no se alcanzaba en nuestro país desde hace casi dos décadas. La noticia ha hecho saltar todas las alarmas en la opinión pública porque, por mucho que apareciera tras una concatenación de pésimas noticias sobre la tarifa eléctrica, la cifra supera las peores expectativas de los analistas. Además, la diferencia entre el IPC y la inflación subyacente se sitúa por encima de los 4 puntos, máximo de la serie histórica.
Son malas noticias para los ahorradores, las empresas y la recuperación económica, pero no muestran el alcance de la terrible situación que vive el sector de la construcción, dado que en el IPC no se reflejan los precios del mismo. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha elaborado recientemente un análisis del incremento del coste de las obras entre 300 empresas, y lo ha situado en un 22 %.
Entre las causas de dicho incremento se encuentran las siguientes:
- Incremento de los precios de la energía, que impactan directamente en la actividad del sector.
- Aumento del precio de las materias primas. Según la CNC, entre abril de 2020 y agosto de 2021 se ha producido un incremento del 105 % en el coste del acero, del 81 % en el del aluminio, del 77 % en el del cobre y del 49 % en el de la madera. Por no mencionar la subida del precio del petróleo, superior al 180 %. Como se puede observar, cifras muy superiores a los índices generales.
- Falta de suministro de materiales y componentes, fruto de la crisis de desabastecimiento global.
- Incremento del coste de transporte generado por la falta de microprocesadores, escasez de conductores, precios de los carburantes y subida de los fletes marítimos, que se han llegado a quintuplicar en los últimos meses.
- Dificultad de encontrar personal, con un déficit actual que la patronal cifra en 700.000 trabajadores, lo que presiona los salarios al alza, especialmente entre los puestos más cualificados.
No se pueden olvidar tampoco los problemas endémicos del sector, con márgenes cada vez menores, fruto del exceso de oferta y de la estructura de los pliegos de condiciones del sector público, cuya evolución histórica se ha dirigido hacia el modelo de cuasi-subasta. Y, por si esto fuera poco, unas exigencias ambientales que obligan a una adaptación de activos y procesos que algunas pequeñas empresas difícilmente van a poder cumplir.
A esta situación hay que añadir tres elementos de nuestra normativa que en su diseño inicial no contemplaban la posibilidad de que se produjera un proceso de inflación como el actual.
- La Ley de Desindexación, aprobada en el año 2015 y desarrollada reglamentariamente en 2017, mediante la cual se desvinculan los precios públicos del IPC.
- La eliminación de las cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos, aunque potestativamente la Administración puede incorporarlas si bien en condiciones no ajustadas a la realidad del entorno actual.
- La rigidez de la Ley de Contratos del Sector Público que, aunque contempla supuestos de restablecimiento del equilibrio económico-financiero en casos muy restrictivos, no es flexible en la aprobación de modificaciones contractuales, ya sean de precio o de plazo.
Todo este enjambre de dificultades está provocando serios daños a las empresas del sector, especialmente a las que llegaron al final del periodo más duro de la pandemia sin la capacidad financiera para aguantar más golpes. Las cifras que aporta la patronal son alarmantes: el 40 % de las 300 empresas encuestadas han paralizado o cancelado obras. Y todas ellas con la espada de Damocles de las sanciones administrativas por incumplimiento de las condiciones contractuales.
Por último, para terminar de dibujar el escenario actual, conviene hacer algunos comentarios adicionales.
En primer lugar, la enorme incertidumbre para establecer cualquier tipo de proyección sobre cómo va a evolucionar el mercado y cuándo se van a restablecer los suministros y ajustar los precios, algo que afecta a directamente a los mecanismos de financiación y a la planificación de los recursos de las empresas del sector.
En segundo lugar, está por ver cuáles van a ser los movimientos del Banco Central Europeo. Hasta ahora sus dirigentes se han esforzado en transmitir la transitoriedad de esta situación, pero cada vez son más los organismos que sugieren lo contrario. EL BCE se enfrenta al dilema de mantener esta tesis sin tomar decisiones, poniendo en juego su credibilidad —clave para la estabilidad de los mercados— o adoptar alguna medida en las próximas semanas. Parece, a pesar de lo que algunos analistas han apuntado, que no se producirá una subida de los tipos de interés, al menos a corto plazo, lo cual también tendría sus efectos sobre la inversión, además de sobre el coste de la deuda en un país cuyo nivel de endeudamiento público ronda el 123 %. De momento es interesante conocer la decisión, esta misma semana, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha anunciado que no subirá los tipos, eligiendo la vía del tapering, con una reducción paulatina de las compras de deuda en 15.000 millones de dólares al mes frente a los 120.000 millones de deuda que venía adquiriendo hasta ahora.
Finalmente, no debemos olvidar que nos encontramos ante el reto más importante en los últimos años: la aplicación de los Fondos Next Generation EU en España, que en un 70 % están vinculados con el sector. La situación de su aplicación no es positiva: enormes dudas entre el sector empresarial sobre cómo y cuándo se van a implementar finalmente las convocatorias, pésimo balance de ejecución (cerca de 5.000 millones de euros hasta la fecha sobre los 24.000 millones previstos inicialmente para 2021), Administraciones mal engrasadas cultural y técnicamente en el desarrollo de iniciativas de colaboración público-privada, etc.
Esta situación conducirá a recortar los plazos de una manera drástica y eso es probable que provoque consecuencias no deseadas, entre ellas la pérdida de calidad de los proyectos presentados, el déficit en el control público, las barreras de entrada a las PYMES a convocatorias con plazos reducidos y, en mi opinión, la presentación de proyectos que, aunque cumplan con los objetivos europeos, sean elegidos finalmente por su grado de madurez administrativa y no por su contribución de una manera efectiva a un verdadero cambio en el modelo productivo, tan necesario para la economía de nuestro país. La inflación desbocada solo contribuirá a agravar el problema.
Siendo por lo tanto esta situación, con sus particularidades españolas, un problema de carácter global, ¿es posible aliviar su impacto con medidas nacionales? Indudablemente sí lo es, aunque para ello es preciso adoptar medidas extraordinarias y de carácter urgente utilizando todos los mecanismos posibles, incluyendo la aprobación de un Real Decreto Ley que modifique la actual Ley de Contratos del Sector Público. Entre las medidas a adoptar se podrían incluir las siguientes:
- Eliminar el efecto de la Ley de Desindexación, dejando sin validez temporalmente su aplicación o limitándola, mediante los instrumentos normativos más adecuados, a los ámbitos en los que su impacto no sea relevante.
- Habilitar mecanismos para modificar los plazos de las obras en curso sin penalizaciones.
- Incorporar en los pliegos de los próximos contratos (incluyendo los de los fondos europeos) cláusulas de revisión de precios. Estudiar la posibilidad de incluir en los contratos en curso fórmulas de revisión mediante procedimientos extraordinarios.
- Favorecer la relajación de las condiciones de reequilibrio económico-financiero de los contratos públicos, al menos de forma temporal y vinculándolas a procesos de inflación superiores a determinados límites.
Estas son algunas posibles medidas, a las que habría que añadir las que las Administraciones Públicas, con su poder de negociación en el panorama internacional, sean capaces de arbitrar, porque de no hacerlo muchas empresas que resistieron la pandemia sanitaria no resistirán la económica.
