La paralización de la Administración detuvo en seco la licitación de obras públicas durante los meses de confinamiento. Pero éste no es el único problema. El sector denuncia que los dos grandes ministerios inversores —Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— han dejado sin ejecutar más 40.000 millones de sus presupuestos en los últimos años.
La licitación y ejecución de obras públicas sufrió un duro varapalo en 2020. El estado de alarma y el confinamiento paralizó a la administración pública, retrasando o demorando los concursos y la adjudicación de nuevos contratos. Así pues, aunque la construcción fue de los últimos sectores que se vieron obligados a parar durante el estado de alarma y de los primeros que volvieron a ponerse en marcha —al margen de las actividades ‘esenciales’—, la pandemia afectó significativamente a la evolución de las obras públicas.
Según los datos recopilados por DoubleTrade Spain en su informe ‘Sector público. Análisis y evolución de la licitación pública’, el año pasado se convocaron 118.491 licitaciones públicas, por un importe total de 80.224 millones de euros. Estas cifras suponen un retroceso del 17% en el número de concursos (141.958 licitaciones en 2019) y un descenso del 27% en el presupuesto (110.175 millones en 2019). La consultora explica que “esta desviación se debe a los meses que duró el estado de alarma, ya que prácticamente se paralizó la administración pública”. Sin embargo, destaca que “en el resto de meses, la tendencia es muy similar a la de 2019”.
Las obras públicas fueron las que más sufrieron. El número de licitaciones de obras cayó un 18,1% interanual (19.158 obras en 2020 frente a las 23.396 de 2019), recortándose el presupuesto anual un 34,2% (12.000 millones en 2020 frente a 18.243 millones en 2019). El descenso del número de licitaciones fue mucho menos acusado en servicios (-12%), suministros (-5,8%) e informes (-3,9%). Además, el importe de los concursos de suministros e informes incluso creció (+19,9% y +14,6%, respectivamente).
Igualmente, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) asegura que la licitación pública en obra civil se redujo un 26% en 2020, situándose en 8.364 millones de euros; mientras que la contratación pública cayó un 40%, quedándose en 6.348 millones de euros. La patronal precisa que estas cifras nos sitúan en ambos casos en los niveles que había en 2014 de Obra Pública en España.
Además, SEOPAN reseña que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —los dos grandes ministerios inversores— no superó el 68,7% en 2020. Pero esto no es un hecho aislado, sino que es bastante. La asociación especifica que el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones de los presupuestados en los últimos 14 años, pese a la necesidad existente de acometer importantes obras públicas en diversos ámbitos. Asimismo, especifica que la ejecución presupuestaria en el periodo 2016-2020, se ha reducido en 20 puntos porcentuales, situándose en el 63%, frente al 83% registrado en 2007-2015.
“Esta situación de no ejecución se debe a los retrasos injustificados en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos, a la suspensión y resolución de contratos a causa de las adjudicaciones a ofertas con precios anormalmente bajos —que originan proyectos incompletos o de insuficiente calidad— y a la elevada judicialización de los problemas que surgen de la interpretación y cumplimiento de los contratos”, detalla SEOPAN.
Asimismo, advierte acerca de “la indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados financieros para financiar las infraestructuras que el país necesita para resolver su déficit en infraestructuras prioritarias y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas”. En este sentido, remarca que el valor de las concesiones de infraestructuras apenas alcanzó los 50 millones en 2020.
A la expectativa de la ejecución presupuestaria para reactivar la Obra Pública
Con la vista puesta en el presente ejercicio, la asociación no se muestra demasiado optimista respecto al impulso de las obras públicas. “Las perspectivas del sector para 2021 se presentan inciertas, pues el crecimiento potencial, situado entre el 1 y el 2,7%, está condicionado por la ejecución presupuestaria —fundamentalmente de ADIF, que representa el 24,4% de la obra civil nacional—, las decisiones de las administraciones públicas de impulsar contratos de colaboración público-privadas y por la capacidad que tengan dichas administraciones de gestionar en plazo las ayudas europeas, que para 2021 se estiman en 34.490 millones”, explica SEOPAN.
De esta cantidad, más de 24.000 millones procederán del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del Gobierno, de los cuales 11.000 millones serán gestionados por los ministerios, mientras que el resto será transferido a las comunidades autónomas (más de 8.750 millones), corporaciones locales (cerca de 1.480 millones) y empresas privadas (alrededor de 2.640 millones).
A estas cifras hay que añadir los más de 2.400 millones de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT EU) que percibirá el Ministerio de Sanidad, que, a su vez, transferirá cerca de 1.425 millones a las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y también se sumarán los 8.000 millones de REACT EU que recibirán directamente las comunidades autónomas.
Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene prevista la inversión de más de 10.000 millones este año, un 29% más que en los PGE de 2018. Los programas que más inversión acaparan son las infraestructuras ferroviarias (más de 4.700 millones —ADIF y ADIF-Alta Velocidad, excluyendo el presupuesto destinado a RENFE-Operadora, que recibe otros 855 millones—) y la conservación y explotación de carreteras y la creación de infraestructuras de carreteras (cerca de 2.200 millones entre ambas partidas). Y bastante más lejos se encuentra la inversión en aeropuertos (en torno a 1.050 millones) y puertos (alrededor de 1.000 millones).
Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene que gestionar casi 1.500 millones para infraestructuras relacionadas con el agua: gestión e infraestructuras (cerca de 1.080 millones), calidad (alrededor de 180 millones), preservación y ordenación de recursos hídricos, etc. Además, dispone de otros 3000 millones para la protección del medioambiente y natural y actuaciones en costas.
Habida cuenta de las dificultades mostradas por estos ministerios para ejecutar las cantidades presupuestadas, se tendrá que valorar su desempeño en la adjudicación y puesta en marcha de estas obras públicas a la conclusión del ejercicio 2021.
Aprovechar el impulso de Europa para la reactivación de Obra Pública
Además, todavía queda mucho por hacer. SEOPAN, de la mano de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), ha puesto sobre la mesa de la Administración una serie inversiones y reformas necesarias para la recuperación, transformación y resiliencia de nuestra economía, donde las obras públicas jugarán un papel decisivo.
Estas propuestas siguen los principios apuntados en la Agenda 2030, The European Green Deal y el programa Next Generation EU, por lo que podrían intentar acceder a los fondos de recuperación europeos. Se vertebran en torno a 10 macroproyectos tractores que deberían afrontarse en los próximos años y que supondrían una inversión total superior a 100.000 millones.
Estos 10 macroproyectos tractores se concretan en la mejora del transporte público (24.825 millones de inversión), movilidad segura, conectada y sostenible (20.150 millones), rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (15.000 millones de inversión), transporte ferroviario de mercancías y red convencional (14.470 millones), movilidad urbana (10.240 millones), plan de residuos (5.390 millones), refuerzo de la infraestructura sanitaria (4.785 millones), depuración de aguas y redes de saneamiento (3.810 millones), prevención de avenidas e inundaciones (1.400 millones) y transformación digital y ecológica del sector de la construcción (750 millones).
Respecto a las actuaciones en infraestructuras viarias, la Asociación Española de la Carretera (AEC), reclama la construcción de carreteras 2+1 en 114 kilómetros de red convencional, repavimentar 90.000 kilómetros para reducir las emisiones, adaptar 50.000 kilómetros a la movilidad conectada y eléctrica —instalación de cerca de 15.000 puntos de recarga en vías interurbanas—, crear itinerarios preferentes para la movilidad de mercancías en el entorno rural, desarrollar una red de movilidad turística en la España vacía y construir 3.300 kilómetros de carriles bici y 6.930 kilómetros de vías prioritarias exclusivas para el transporte colectivo en ciudades. Además, propugna la adecuación a los nuevos escenarios de movilidad, acometiendo inversiones para facilitar el uso de medios alternativos al vehículo privado, como carriles Bus-VAO, redes de micromovilidad —para bicicletas o vehículos de movilidad personal—, parkings disuasorios o la ampliación de las líneas de cercanías.
En cuanto al transporte ferroviario, SEOPAN considera que será fundamental conectar el ferrocarril con puertos y parques logísticos, mejorar la red convencional y crear autopistas ferroviarias. Además, estima que es imprescindible potenciar tres ejes de transporte de mercancías ferroviarias: el eje Algeciras – Madrid – Zaragoza – Barcelona – Francia (con una inversión necesaria de alrededor de 2.790 millones para su conversión en autopista ferroviaria); el eje Madrid – Valencia – Alicante (127 millones) y el eje noroeste Madrid – Ávila – Valladolid – Burgos -Vitoria – Irún (135 millones).
Otras actuaciones que se contemplan en el plan diseñado por SEOPAN y Tecniberia son la inversión en nuevas líneas de metro, tranvía y cercanías, la adaptación de las carreteras a la movilidad conectada y autónoma, la rehabilitación energética de edificios, la ampliación de plantas de tratamiento de residuos y la construcción de nuevas plantas de valorización energética, el incremento de la capacidad de asistencia hospitalaria, el aumento de la capacidad de depuración de agua y mejoras en las redes de abastecimiento o la construcción de presas y encauzamientos para prevenir desbordamientos e inundaciones, entre otras inversiones.
