Una oportunidad para la modernización de las infraestructuras
Los fondos europeos serán esenciales para la reactivación de la economía nacional. España debe aprovechar esta oportunidad para afrontar la modernización de sus infraestructuras. Para ello, es indispensable plantear proyectos alineados con las prioridades fijadas por la Comisión Europea, impulsar la colaboración público-privada y establecer mecanismos ágiles y transparentes.
Los fondos procedentes de la Unión Europea (UE) serán fundamentales para reanimar la economía española. Nuestro país recibirá más de 59.000 millones de euros en transferencias del denominado marco financiero plurianual (MFP), casi un 19% del total movilizado por la UE. Además, llegarán cerca de 72.000 millones en préstamos, distribuidos a petición del Gobierno. Asimismo, España percibirá más de 24.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y casi otros 12.500 millones de REACT EU, programas englobados en el instrumento Next Generation EU (NGEU).
Salud, transición ecológica y digitalización son los tres pilares sobre los que la UE quiere reconstruir el Viejo Continente. Y la inversión en infraestructuras, como elemento transversal para alcanzar estas metas, jugarán un papel decisivo. No en vano, la inversión en infraestructuras y ecosistemas resilientes recogida en los últimos Presupuestos Generales del Estado ya contabilizan una inyección de casi 4.700 millones procedentes de los fondos del MRR.
“Los fondos europeos van a tener un impacto directo en el desarrollo o transformación de infraestructuras orientadas a la descarbonización y digitalización de la economía. Esto se materializa en una inyección de fondos muy relevante en el ámbito de las infraestructuras de transporte público urbano, pero también en otros ámbitos, como la rehabilitación de vivienda y la eficiencia energética. Particularmente, tendrá un efecto importante como catalizador de determinadas transformaciones en el ámbito del transporte, como la electrificación del parque de vehículos del país y sus flotas”, declara Fernando Vizoso, director de Infraestructuras y Transportes de KPMG.
Asimismo, Begoña Leyva, responsable de Comunicación de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), recalca que el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por España a la Comisión Europea para recibir esta ayuda financiera se configura en torno a treinta componentes hacia los que se dirigirá la financiación. “Entre ellos, se contempla la puesta en marcha de un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos, así como la definición de un programa de apoyo al transporte sostenible y digital que comprenderá también actuaciones en materia de infraestructuras de transportes. Por otra parte, en lo que respecta a las infraestructuras medioambientales, el MRR es una oportunidad para impulsar inversiones tanto en el ámbito del agua como de la gestión de residuos, en línea con las prioridades de inversión que preconiza la Comisión Europea”, detalla.
Tampoco debemos olvidarnos de los tradicionales fondos estructurales, encuadrados en el marco financiero plurianual 2021-2027. “La asignación correspondiente a España se sitúa en torno a los 35.000 millones de euros, de los cuales 23.500 millones se destinarían al Fondo Europeo de Desarrollo Regional para atender diversos objetivos. Habida cuenta de las necesidades de inversión en infraestructuras de diversa índole existentes en nuestro país, debería optimizarse la utilización de estos fondos para poder atender tales necesidades”, explica Leyva.
Una oportunidad única
Fernando González Cuervo, socio responsable para EMEIA del sector de Construcción de Infraestructuras de EY, considera que la llegada de fondos europeos “se trata de una oportunidad para recuperar proyectos de infraestructuras necesarios, que ayudarán a la reactivación económica y, sobre todo, a la generación de empleo a corto plazo”.
La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) también cree que estos programas podrían contribuir a la modernización de nuestras infraestructuras. “Contamos con una oportunidad única. Tenemos que maximizar el retorno económico y social de cada euro que se invierta. Se debe priorizar la inversión en infraestructuras sostenibles y estratégicas, que generen empleo de manera inmediata y que supongan, a la vez, una mejora de la productividad y de la competitividad del país a largo plazo”.
Igualmente, Julián Núñez, presidente de SEOPAN, explicó en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que esta inyección de fondos “es una oportunidad para avanzar en los ODS”.
El sector está preparado
Las asociaciones sectoriales no han perdido el tiempo y ya están trabajando en ello. Por ejemplo, ANCI ha presentado al Gobierno y al resto de administraciones un catálogo de proyectos por valor de 17.000 millones, bajo la denominación ‘Propuesta de actuaciones de infraestructuras necesarias y de interés por territorios’. “Son obras con un grado de planificación elevado —ya que el tiempo es vital—, contracíclicas y transformadoras. Son infraestructuras de transporte, de accesibilidad, de movilidad urbana, de recursos hidráulicos, medioambientales, logística, urbanismo, etc.”, desgrana la asociación.
Asimismo, SEOPAN, junto con Tecniberia —asociación de empresas de ingeniería—, ha presentado una propuesta de colaboración que contempla una inversión de más de 100.000 millones de euros, repartidos en más de 2.280 actuaciones concretas en 10 áreas de inversión y reforma, denominados ‘macroproyectos tractores’.
“Se encuadran en el ámbito de la vivienda, medioambiente —depuración de agua, prevención de inundaciones y tratamiento de residuos—, transporte ferroviario de mercancías, transporte público, movilidad sostenible, refuerzo de las infraestructuras sanitarias, modernización y digitalización del sector de la construcción y las reformas legales para hacer posible la realización de todas ellas en el reducido tiempo que la condicionalidad de la UE impone. Se trata de una selección de las infraestructuras identificadas en nuestro informe de ODS que, siendo prioritarias, se ciñen escrupulosamente a los objetivos de transformación ecológica y digital impulsadas por Europa”, detalla Núñez.
Precisa que la propuesta prevé la posibilidad de que parte de la financiación (12.773 millones de euros) se pueda llevar a cabo con cargo a la línea de subvenciones de los fondos NGEU, mientras que el resto (88.039 millones), se abordaría con cargo a fondos privados, mediante fórmulas de colaboración público-privada. Además, remarca que “todas las actuaciones seleccionadas podrían ser ejecutadas antes del 1 de enero de 2027 y cuentan con una rentabilidad económica y social (TIR social) positiva”.
Incluso precisa algunos datos.
La Asociación Española de la Carretera (AEC) también tiene preparadas propuestas, a través de sus ‘Manifestaciones de interés’, “como cauce para lograr que la carretera reciba el trato justo que merece —por peso específico desde el punto de vista económico y social— y necesita —por el abandono endémico que ha sufrido desde hace una década—”, declara Juan Francisco Lazcano, presidente de la asociación. Además, cree que “las redes viarias pueden beneficiarse del ‘excedente’ presupuestario nacional o autonómico si otros modos de transporte u otras infraestructuras reciben fondos del NGEU”.
Sin embargo, advierte que las noticias no son buenas para el sector de la carretera. “El pasado mes de noviembre tuvimos conocimiento de que la Comisión Europea había excluido del MRR un total de 1.120 millones de euros de proyectos españoles para el sector viario. Tan sólo fueron admitidos proyectos de mitigación del ruido del tráfico y modernización de túneles, además de un tramo de bus-VAO y el acceso sur al Puerto de Algeciras”.
Apuesta por la colaboración público-privada
“La figura de las concesiones es muy tradicional en el sector, aunque últimamente no pasa por su mejor momento”, reconoce el experto de EY. De hecho, la portavoz de la CNC indica que “se alcanzaron niveles elevados de gestión mediante dicho sistema, en torno al 80% de los servicios”.
Josep Viñas, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat de Girona, considera que “debería avanzarse más en este camino, porque existe un déficit en infraestructuras y porque permite diferir el coste de las mismas entre el período de vida útil de éstas”. De este modo, opina que la colaboración público-privada “se debería articular utilizando la capacidad de innovación y gestión del sector privado, para conseguir un mejor resultado coste-efectividad”.
SEOPAN también insiste en la necesidad “recuperar la colaboración público-privada fomentando el modelo de concesión”. “Financiar inversiones mediante concesiones no es privatizar. La infraestructura permanece en todo momento bajo la titularidad y control públicos. Y presenta importantes ventajas, pues anticipa en el tiempo las inversiones, minimizando la captación de recursos públicos y su impacto en el déficit público”, comenta Núñez.
Además, detalla que “la colaboración público-privada supondría que, por cada euro aportado por los fondos europeos, se lograría movilizar hasta 6,8 euros de capital aportado por las empresas y liberaría fondos públicos que podrían destinarse a otras prioridades”. Asimismo, recuerda que “esta fórmula concentra en un mismo agente el proyecto, la construcción, la financiación y la operación y mantenimiento de la infraestructura, simplificando la transferencia de riesgos y responsabilidades y reduciendo el plazo medio de maduración de nuestras inversiones”.
Asimismo, el presidente de la AEC recalca que “la colaboración público privada es un mecanismo cuya viabilidad se debe valorar en los proyectos de carreteras, según se establece en la propia Ley de Carreteras, en su artículo 15”. Sin embargo, reseña que “la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, constituye un obstáculo legal que dificulta la promoción y viabilidad de los contratos de concesión”.
Por otra parte, cabe recordar que el Real Decreto-ley 36/2020, que contempla las medidas para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hace hincapié en la figura de la colaboración público-privada. “Cabe citar la creación de una nueva figura, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económico (PERTE), cuya configuración final todavía es incierta”, especifica González Cuervo.
Agilidad y garantías en la asignación de fondos
Otro aspecto relevante para aprovechar los fondos procedentes de Europa será la agilidad y eficiencia en la asignación. “Se está haciendo un esfuerzo por acelerar y agilizar al máximo los mecanismos para canalizar esta enorme inversión, sobre todo teniendo en cuenta los plazos cortísimos que se manejan, tanto para la definición de las inversiones como para la propia ejecución. El diálogo de las Administraciones con el sector privado está siendo razonablemente fluido”, afirma el experto de KPMG.
Sin embargo, hay aspectos mejorables. “En general, son mecanismos transparentes, aunque no son demasiado ágiles, porque la gestión administrativa es demasiado complicada. Los procesos y trabas burocráticas resultan un freno enorme a la ejecución efectiva de los fondos”, advierte Viñas.
Asimismo, el experto de EY considera que “el reto para la Administración será la absorción de la enorme cantidad de fondos europeos disponibles” de una forma ágil. En este sentido, remarca que el citado Real Decreto-ley 36/2020 recoge “medidas urgentes para facilitar la tramitación de los diferentes procedimientos de gasto con cargo al MRR, buscando un equilibrio entre la agilidad administrativa y las garantías del buen uso de los fondos públicos”.
Por otra parte, el profesor de la Universitat de Girona recomienda crear equipos profesionalizados, especializados y con experiencia previa en contrataciones públicas en las diferentes administraciones encargadas, así como agencias y oficinas de gestión centralizada de las licitaciones. “La posible descentralización de la ejecución entre administraciones y territorios podría compensarse con el aprovechamiento de las economías de escala que una oficina única de contratación en cada administración podría desplegar”, aclara.
