Energías renovables: La CNMC y el sector energético
Las propuestas de circulares que ha dado a conocer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para establecer el marco retributivo de los sectores de gas y electricidad correspondiente al próximo periodo regulatorio 2020-2025 han levantado ampollas en un sector, el energético, ya de por sí ahogado regulación tras regulación por recortes sucesivos e inseguridad jurídica.
Como poco, explican los expertos, los borradores de la CNMC esbozan un escenario que no anima ni a la inversión ni a planificar a largo plazo. Nada nuevo en la historia del sector a lo largo de los últimos años. Ahora bien, esta situación es más grave en estos momentos tras la aprobación de Plan Integrado Nacional de Energía y Clima 2021-2030 el curso pasado, en el que se establecen unos objetivos de reducción de emisiones que exigen cambios en la manera en cómo producimos y consumimos la energía. Algunas analistas van más lejos y vislumbran sobre todo para las compañías distribuidoras, especialmente de gas, una pérdida considerable en sus cuentas de resultados de aprobarse finalmente las propuestas tal y como están. Algo que afectará no sólo a España si no a Europa, ya que son distintos los puntos de vista sobre si Europa podrá sufragar la Revolución Verde.
El desacuerdo ha sido tal que no sólo las empresas han presentado alegaciones sino que también el Gobierno en funciones ha hecho llegar a la Comisión sus informes al respecto. De tal manera andan los nervios crispados por esta cuestión que durante el plazo que tiene la CNMC para analizar sus propuestas se ha tenido que recurrir a comisiones de cooperación entre ambos organismos.
El Sector energético en España y las alegaciones de la UNEF
Las circulares en torno a las que se había generado mayor expectación en los meses previos fueron las relativas a las metodologías de peajes y al acceso y conexión de las redes eléctricas, que afectan al desarrollo de las renovables e, incluso, a la expansión del autoconsumo y, por tanto, al proceso de Transición Energética en curso. Y es que en la actualidad hay alrededor de 200.000 megavatios renovables pendientes de conseguir un punto de acceso y conexión a la red para poder empezar a producir cuando España suma una potencia ya instalada entre todas las tecnologías (incluyendo el diésel) de 104.094 megavatios.
En las alegaciones que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha presentado ante la Comisión considera que la propuesta de este órgano facilita lo que considera fundamental para el progreso del sector: “eliminar el cuello de botella y reducir las listas de espera y los procesos en las solicitudes de acceso y conexión, así como simplificar administrativamente la tramitación para la obtención de los mismos”.
SI bien, considera que hay algunos puntos que recoge la propuesta de la CNMC que habría que considerar cambiar. Por ejemplo, propone que la Circular incluya un anexo con los modelos normalizados de avales y/o seguros de caución que los promotores deberán presentar. La cuestión es que la Comisión propone como condición previa a la tramitación de los permisos de acceso y conexión la presentación de una garantía económica equivalente a 40 €/kW instalado y que su validez sea confirmada por el Órgano Competente. Un paso éste último que la patronal fotovoltaica ve necesario eliminar o en todo caso que se establezca de forma expresa que habrá de realizarse con criterios objetivos y no discriminatorios, de manera que se garantice que el proceso sea transparente y en igualdad de condiciones para todos.
Los expertos en caución aseguran que lo que pretende la CNMC tal y como está escrito el borrador de Circular en estos momentos es que el incumplimiento por parte del promotor de cualquier plazo o requisito previsto en el mismo conlleve la ejecución de la garantía. Para evitarlo, las entidades aseguradoras proponen la inclusión de un régimen transitorio en la nueva regulación y en especial que los nuevos supuestos de ejecución de éstas no resulten de aplicación a las ya prestadas, es decir que no se apliquen con retroactividad.
De momento, la CNMC tiene hasta el 31 de diciembre de 2019 para aprobar las circulares, pero antes deben pasar por el Consejo de Estado. El Gobierno, en ese caso sólo podría recurrir a los tribunales para tratar de cambiar su contenido. El próximo periodo regulatorio empieza el 1 de enero 2020 para el caso de la electricidad y en enero del año siguiente, el 2021, para el gas, de manera que si no se aprueba, se renovarían las condiciones que recoge la actual reglamentación, lo que también supondría perder una oportunidad.
